España ha llamado "a consultas" a su embajador en Caracas, una forma de protesta, pero también una advertencia al gobierno de Nicolás Maduro por los insultos e injurias que ha proferido en los últimos días en contra del Presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, y de los ex mandatarios Felipe González y José María Aznar.

El gobierno de Venezuela necesita de un enemigo externo para ocultar las penurias económicas que causa a su población su fracasada política económica, y luchar contra la oposición al régimen, que cada vez es más extensa. En esta oportunidad no le ha tocado a Estados Unidos (quizás por su acercamiento a Cuba), sino a España, enfrentar la destemplada retórica venezolana que llegó a acusar a Rajoy de "pertenecer a un grupo de bandidos, corruptos y ladrones", de apoyar a los terroristas venezolanos" y de estar detrás de "una conspiración para tratar de derrocar al gobierno democrático y legítimo".

Este tipo de lenguaje no es aceptable para referirse a gobernantes de otros estados, e incluso entre enemigos bélicos el trato es más deferente. Solo se entiende esta actitud por la desesperación de un régimen que ve cómo se está quedando solo en el contexto internacional y perdiendo apoyos en el interior.

Aun así, llama la atención que entre los líderes latinoamericanos este tipo de bravatas no sea censurado públicamente; en cambio, se mantienen las buenas formas e incluso la cooperación con Caracas. Pareciera que temen represalias de algún tipo si enfrentan al gobernante venezolano. O, quizás, es porque más de uno le debe un favor.

El canciller español fue claro en que no pretendía romper relaciones con Venezuela, pero que con el llamado a consulta de su embajador quiere frenar "la escalada de insultos, calumnias y amenazas" de Maduro. Madrid ha sido prudente, no ha tomado la decisión más drástica, que es romper relaciones diplomáticas, pero dejó claro que no acepta que se ofenda su "dignidad nacional".

A los calificativos contra Rajoy se suman anteriores contra José María Aznar y más recientemente contra el socialista Felipe González, quien ofreció ser "asistente técnico externo" en la defensa de los alcaldes presos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. González fue declarado persona non grata por el legislativo venezolano, y al parecer se le negará la entrada al país. El ex presidente ha dicho que no hará escándalos, pero se quejó de que Venezuela le está negando "el derecho a visitar" ese país, y que su único objetivo es asistir "desde el punto de vista de los derechos humanos" a los opositores presos.

Los venezolanos debieran votar en elecciones antes de fin de año para renovar el legislativo; sin embargo, Maduro no ha convocado aún a los comicios, y ni siquiera ha puesto una fecha. Es de esperar que los latinoamericanos aprendan la lección española -de que hay que hablarle fuerte al régimen venezolano- y presionen para que Caracas no solo libere a todos los presos políticos, sino que cumpla con el deber de organizar el proceso electoral, y que este sea limpio y competitivo. La defensa de la democracia así lo exige.