Al parecer, el Gobierno postergaría hasta fines de año el plazo para presentar su proyecto de reforma a las isapres. Este aún no tendría estudios de factibilidad, impacto y costo. Habría avanzado en los ejes centrales del nuevo modelo de salud, pero no en la forma de los cambios ni en sus regulaciones.

Es desafortunado que se prolongue la incertidumbre para los usuarios del sistema privado de salud -3,3 millones, alrededor del 19% de la población- y también para sus agentes -entrabando sus inversiones en servicios e infraestructura, y fragilizando el empleo de sus miles de trabajadores-. Con todo, sería peor que el Ejecutivo incurriese en precipitaciones, con anticipables errores.

La polémica política en torno a las isapres se prolonga ya por años, así como la judicialización masiva de los reclamos en su contra -casi 100 mil afiliados los plantearon en el último año, en parte impulsados por abogados que persiguen costas en su beneficio, que representaron 15 mil millones de pesos-. Sin embargo, mientras en 2014 el Fonasa incorporó a 74.500 personas, las aseguradoras privadas acogieron a 102.600, y estiman recibir al 50% de quienes se incorporan al mundo laboral anualmente. Así, las isapres crecen seis veces más que el ente estatal (3,2% versus 0,5%).

En ello influyen los mejoramientos de sueldos, que permiten a las personas irse al sector privado tan pronto como pueden financiarlo, por su mayor calidad, diversidad de servicios y oportunidad de acceso. Reiteradas encuestas han mostrado siempre que la mayoría de las personas, si pudiera costearla, preferiría la salud privada a la estatal. Esto se silencia por motivos ideológicos, y algunas propuestas incluso plantean que todos deberían estar adscritos a Fonasa. Se desestima así lo que los usuarios quieren.

Chile es el país de la OCDE cuyo presupuesto para salud estatal más ha crecido en los últimos 10 años: el aumento del gasto público en ella ha sido 10% superior al IPC al año en ese período. Pese a eso, las personas prefieren mayoritariamente las isapres, aunque las irritan los reajustes que ellas aplican. Ellas se defienden argumentando que los costos de atención de salud crecen por sobre la economía del país, por razones tecnológicas, socioeconómicas y demográficas. Falta un mecanismo claro e indiscutible que explique las variaciones de los costos de la medicina privada y del reposo laboral.

Esto no significa que las personas deseen más Estado, sino un servicio mejor y más oportuno, lo que aquel no ha podido brindarles, por deficiencias estructurales que no parecen superables, y tanto menos por la vía de asignarle un rol monopólico, que multiplicaría el enorme poder de sus gremios, que anteponen su propio interés al de los pacientes.

Por su parte, el sector privado ha fallado en asegurar mayor transparencia en su actuar y, además, en brindar constante información para que las personas entiendan los beneficios y costos asociados a sus servicios. Se requieren herramientas que permitan un equilibrio natural y competitivo entre beneficios y precios, y perfeccionar el sistema privado, especialmente en cuanto a las normas que regulan los ajustes de tarifas. De continuar creciendo el número de juicios que enfrentan, llegará el momento en que, sofocado por el aumento de los costos médicos y la imposibilidad de ajustar sus precios, colapse, como ya ha sucedido en otros países que quisieron contener sus precios mediante decretos.

Las autoridades deberían considerar sin prisma ideológico las diversas propuestas técnicas que se han hecho al respecto, sin perjuicio de que la prioridad obvia debería ser mejorar la salud pública: entre otros, las listas de espera, nunca resueltas, son un drama en los hospitales estatales. El sector privado no las tiene.