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Editorial
Lunes 20 de abril de 2015
Financiamiento de la política
La extensión transversal de las irregularidades detectadas es señal de la existencia de una "falla sistémica", sin perjuicio de las responsabilidades personales...
Aunque la opinión pública sigue siendo impactada por las sucesivas revelaciones de financiamiento irregular o ilegal de actividades políticas que involucran a un amplio espectro de dirigentes y autoridades, los contornos del problema empiezan a perfilarse con mayor claridad. Hay buenas razones para exigir de todos los involucrados la clarificación total de los hechos porque ellos se prestan para graves sospechas de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, hasta ahora no hay antecedentes que avalen las peores sospechas, sino más bien un generalizado uso por parte de los actores políticos de resquicios -con infracciones tributarias de por medio- para reunir recursos.
Las prácticas cuestionadas incluyen los aportes a campañas u otras actividades políticas por parte de empresas, efectuados mediante contratos simulados de prestación de servicios. La contraparte de tales contratos habrían sido los políticos mismos, sus parientes u otras personas cercanas, o bien sociedades montadas por "operadores políticos", quienes a su vez contratarían a los primeros. Los receptores de los fondos -esto es, los políticos- en la mayoría de los casos no cabría que fuesen objeto de persecución penal, según ha adelantado el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt.
Sin embargo, es evidente que dicha fórmula para el financiamiento de la política no se aviene con los estándares de transparencia y probidad que el país hoy exige. Su origen está en los vacíos que dejó la legislación de 2003, la cual, si bien constituyó en su momento un gran avance, estableció límites de gasto de campaña estrechos y sin mayor fiscalización, permitió aportes privados con beneficio tributario solo durante los 30 días previos a una elección y no reguló el financiamiento de las restantes actividades políticas. El que las denuncias que hoy conocemos involucren a tan amplia y variada gama de políticos es señal de que su comportamiento -más allá de las responsabilidades personales- proviene también de una "falla sistémica".
En los próximos días se darán a conocer las conclusiones del consejo asesor presidido por el conocido académico Eduardo Engel, al que le ha sido encomendado por la Presidenta Bachelet proponer cambios legislativos que promuevan la transparencia y la probidad. De seguro ellas abordarán el tema del financiamiento a la política. Es de esperar que contengan propuestas que resuelvan los vacíos señalados, estableciendo límites realistas para los gastos de campaña, ampliando el período de recepción de aportes y regulando -con los debidos resguardos de transparencia y responsabilidad- las contribuciones tanto particulares como estatales a los partidos y otras entidades dedicadas a la actividad política.