El lodo que trae el aluvión de revelaciones sobre las fuentes de financiamiento de la política parece habernos sumido en una peligrosa crisis de confianza. Cuando el FMI anticipa serias dificultades para la región y llama la atención sobre la debilidad de nuestro desempeño económico reciente, la desconfianza parece mantener el país a la deriva. Urge hacer algo.

Por cierto que las infracciones denunciadas -de ser probadas- habrán de ser sancionadas por las instancias competentes. Pero, sin perjuicio de ello, hay que hacerse cargo del costo político de lo ocurrido: el descrédito del Gobierno y la oposición, e instituciones clave, como el Servicio de Impuestos Internos, puestas en tela de juicio. El gobierno de la Nueva Mayoría se autoproclamaba como el despuntar de un nuevo ciclo político, en el que primaría el interés público por sobre el interés particular, en que el Estado -guiado por políticos esclarecidos y no por empresarios codiciosos- tomaría las riendas del país. La revelación de que varios de sus connotados dirigentes, que promovían reformas en nombre de la equidad, financiaban sus actividades políticas con oscuros aportes de los "poderosos de siempre", echa por tierra su credibilidad. Como las denuncias involucran a todo el arco político, desde el PRO y el PC (vinculado al escándalo financiero de la Universidad Arcis) hasta la UDI, es entendible que la opinión pública no encuentre hoy en nadie quien confiar.

Es sabido que la desconfianza daña la marcha de la economía, alienta el malestar social y sirve de caldo de cultivo a los populismos de distinto signo. La responsabilidad del Gobierno y la oposición es encontrar el modo de restablecer la confianza. En el terreno económico, no es la benevolencia de los empresarios lo que da confianza, sino el convencimiento de que hay eficaces instituciones que protegen la propiedad y aseguran transparencia y libre competencia en los mercados. Naturalmente, ello exige fiscalización celosa y estricta sanción a quienes incumplan con la normativa. Del mismo modo, en el terreno político, no son las excepcionales virtudes de los dirigentes políticos de las que dependemos para contar con un buen gobierno sino que adecuadas instituciones, que aseguran elecciones libres, competitivas y transparentes.

En los próximos días la llamada Comisión Engel entregará al Gobierno sus propuestas para reformar el financiamiento de la política. Pueden ser un buen punto de partida. Pero la ciudadanía no volverá a creer en la dirigencia política mientras no vea en los de uno y otro bando gestos concretos y convincentes que evidencien su rechazo a las prácticas deshonestas, que transparenten sus finanzas y muestren real disposición a jugar limpio. La oposición no debiera dejar pasar la oportunidad de tomar en el ello el liderazgo.