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Editorial
Sábado 18 de abril de 2015
Datos que justifican cambios laborales
Es deseable mejorar y modernizar las relaciones laborales en Chile, pero no cualquier proyecto que declare perseguir esos propósitos representa un avance. Por el contrario, la reforma impulsada por el Gobierno y la coalición oficialista tiene demasiados elementos que significarán un retroceso de las capacidades de nuestra economía.
Existe evidencia de que el mercado laboral chileno requiere una modernización profunda. La baja productividad del empleo (estamos entre los tres países con las horas de trabajo menos productivas de la OCDE), las brechas salariales entre géneros, que pueden superar el 30%; la baja participación laboral de las mujeres (48% , muy por debajo del 72% de los hombres), el 22% de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan (la cifra se encumbra al 39% si se calcula en el primer quintil de ingresos), el 12% de los trabajadores que reportan no tener un contrato de trabajo, el 29,5% de los hogares que reportan carencias en el ámbito de seguridad social en el trabajo (factor determinante de la alta pobreza multidimensional del país), una tasa de desempleo juvenil de 24,2% (INE), la ausencia de un sistema de capacitación que entregue en forma continua las habilidades demandadas, entre otras cosas, ilustran el lastre que está significando nuestro atrasado mercado laboral.
Y, sin embargo, no son estos los focos de atención prioritaria de la reforma laboral de la actual administración. Por el contrario, esa iniciativa tiene varios aspectos que significarán un retroceso adicional.
Pero ¿cuáles hay que hacer?
Uno de esos elementos es el de la adaptabilidad pactada. En principio, la iniciativa permitiría a grupos que requieren flexibilidad, jóvenes y mujeres, ganarla a partir de la negociación de horarios y jornadas de trabajo. Sin embargo, tal como lo han planteado diversos expertos, la titularidad sindical, columna vertebral de la reforma que entrega el monopolio de la negociación colectiva a los sindicatos, pone trabas a la concreción de dicho objetivo: el sindicato, en los hechos, podría bloquear las demandas de grupos diversos por intereses distintos.
Pero esto no parece percibirse como un problema por la autoridad, ya que entre sus objetivos declarados está aumentar la sindicalización. De ahí la expropiación de los derechos de negociar por parte de los trabajadores no sindicalizados, algo incomprensible en una economía moderna. Incluso, grupos no sindicalizados que busquen negociar podrían ser acusados de promover prácticas antisindicales, para las cuales el proyecto de ley endurece fuertemente las sanciones. A eso es necesario sumar las restricciones para extender los beneficios de la negociación colectiva a otros trabajadores no afiliados al sindicato.
Lo sorprendente es que de acuerdo con la OCDE, Chile cuenta con una tasa de sindicalización de 15,3%, cercana al promedio de la organización (16,9%), e incluso superior a la de Francia, Estados Unidos y Corea; y de acuerdo con la misma fuente, solamente tres países en los últimos 10 años han aumentado sus tasas de sindicalización: Chile, España e Italia. Basta observar el funcionamiento de los mercados laborales español e italiano, caracterizados por inmensas rigideces, para advertir la inconveniencia de movernos en su misma dirección.
Reemplazo y pisos
La imposibilidad de reemplazar a trabajadores en caso de huelga y la particular definición de servicios mínimos también deben contarse entre los elementos más negativos del proyecto. Pocas dudas caben de que las medidas tendrán un impacto sobre el empleo y la convivencia dentro de las empresas chilenas.
El caso de los pisos mínimos de negociación es similar. La reforma establece que en caso de existir un instrumento colectivo vigente, sus estipulaciones y beneficios constituyen el piso de la negociación. Así, una empresa que tenga un buen resultado económico un año y lo traspase a los trabajadores tendrá que extenderlo a los siguientes años, independientemente de si las condiciones empeoran. Con eso, las empresas perderán su capacidad de ajuste ante condiciones económicas negativas, lo que afectará su competitividad.
En suma, el Gobierno ha optado por impulsar una reforma laboral que busca rigidizar el mercado laboral a través de la promoción inequívoca y forzada de una mayor tasa de sindicalización. Las posibilidades de revisar profundamente el sistema de capacitación y competencias laborales, la promoción de alianzas entre el sistema de educación superior y el mundo del trabajo, el avanzar hacia el teletrabajo, el mejoramiento de los sistemas de intermediación laboral, el diseño de un sistema de aprendices, la revisión de los desincentivos al empleo en nuestras políticas sociales parecen no ser prioridades para esta administración.
Se repite en cierta forma el voluntarismo de la reforma tributaria y educacional, postergando la reflexión profunda sobre los efectos que provocarán en el país las políticas públicas que se están promoviendo.