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Editorial
Sábado 18 de abril de 2015
Reflexiones del ex contralor
"Siguiendo el hilo de su reflexión, estos casos reflejarían cómo algunas personas aprovechan posiciones de privilegio económico o político para situarse por encima de las leyes o atropellar los derechos de los demás..."
En una extensa entrevista con "El Mercurio", el ex contralor general de la República Ramiro Mendoza reiteró su diagnóstico sobre el incremento de la corrupción en Chile y se refirió a las iniciativas que se proponen para combatirla. Sin descartar mejoras legales en ciertas materias, como la Alta Dirección Pública (ADP) y las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, puso el énfasis en dos aspectos sobre los que conviene detenerse.
En primer lugar se refirió a la crisis de confianza ciudadana en quienes ejercen el poder y están al frente de las instituciones. A su juicio, esta crisis se explica por el "agravio que siente la gente" frente a un trato que no satisface su dignidad. Ello se manifiesta en políticas públicas erradas como el Transantiago, pero también en las malas prácticas y los hechos de corrupción que han salido a la luz en los casos judiciales recientes. Siguiendo el hilo de su reflexión, estos casos reflejarían cómo algunas personas aprovechan posiciones de privilegio económico o político para situarse por encima de las leyes o atropellar los derechos de los demás. La indignación frente a estos hechos sería, en gran medida, la manifestación de un sentimiento de agravio. Planteado en estos términos, la solución del problema no se encuentra en cambios legislativos. Por el contrario, se trata de un desafío que exige una recuperación a todo nivel, pero especialmente en las familias, de una educación ética y cívica elemental.
El ex contralor aludió, en segundo término, a una "puerta giratoria" que no tiene que ver con la prisión preventiva en el proceso penal, sino con el ir y venir de profesionales y empleados entre el sector privado y el sector público. Se trata justamente del problema que se buscaba mitigar a través de la ADP, al menos en lo que respecta a los cargos más altos. Los esfuerzos asociados a la implementación de la ADP han resultado en gran medida estériles, pues la realidad muestra que con cada nuevo gobierno se produce un recambio de funcionarios cuyas dimensiones permiten precisamente hablar de una "puerta giratoria". Un gran número de empleados públicos de alto nivel sabe que su puesto solo está seguro en la medida en que cuente con la confianza política del gobierno de turno, y que cada nuevo gobierno va a instalar a sus simpatizantes con independencia del desempeño y calidad de los funcionarios anteriores. Así, muchos empleados públicos de categoría ven afectados sus incentivos para trabajar a conciencia y, por otro lado, no quieren indisponerse con los agentes privados que podrían ser su futura fuente laboral en caso de que sean removidos en un cambio de gobierno. Mientras no se elimine esta dinámica, incompatible con cualquier empeño por modernizar el Estado, los servicios públicos seguirán siendo espacios de difícil motivación laboral y plataformas para el pago de lealtades políticas y favores personales.