La discusión sobre el sistema de pensiones en Chile y los problemas que éste tiene requieren una perspectiva mucho más amplia que la que plantea la industria o algunos apologistas del sistema creado por José Piñera, un neoliberal ortodoxo. De hecho, ya es sintomático que se hable de "industria" respecto de un tema -la seguridad social- que en gran parte de los países del mundo se aborda desde un enfoque de derechos. En una palabra, homologar la seguridad social con el mercado del pan o del calzado resulta una verdadera excentricidad en sociedades donde la norma no ha sido la privatización excesiva de lo público que instauró la dictadura cívico-militar en Chile.

Este es un debate conceptual que, sin duda, estará presente en el proceso para dotar a nuestro país de una nueva Constitución. Para la centroizquierda, este es un tema de fondo que pone al centro, como concepto axiológico y político, el Estado social y democrático de derechos, en contraposición a la noción de Estado subsidiario, que es la viga maestra de la actual Constitución y que dio sustento al máximo repliegue del Estado incluso en áreas claves -reflexiones sobre el sentido de las palabras- de la "seguridad social". De hecho, nos ha costado años construir, por etapas, un sistema de protección social con algunas piedras angulares, como el Plan Auge, el programa Chile Crece Contigo, el Pilar Solidario del sistema de pensiones y el Seguro de Cesantía.

Ahora bien, el desafío en materia de pensiones parte de una constatación de la crisis del sistema privado. Algunas cifras al respecto. Hoy éste entrega pensiones de vejez que, en promedio, son de $ 181.933. Las tasas de reemplazo están lejos del 70% que se prometió en 1981. La tasa de reemplazo efectiva es hoy de 45,5% para los hombres y de 36,6% para las mujeres. Esto representa una caída de ingresos brutal para enfrentar la vejez. Las bajas comisiones que exhiben las AFP ocultan las correspondientes al artículo 45 bis, que se descuentan directamente del fondo acumulado por el cotizante. La rentabilidad de las AFP sobre el patrimonio propio, en los últimos años, ha más que quintuplicado la rentabilidad de los fondos de los cotizantes. Esto último, por sí mismo, explica las férreas resistencias a la creación de una AFP del Estado y las inquietudes que despiertan el diagnóstico y las propuestas que entregará en agosto la Comisión Bravo.

Los datos anteriores son absolutamente consistentes con la evaluación que hacen los usuarios. En una encuesta reciente encargada por la aludida Comisión Asesora Presidencial, el 70% de los encuestados considera que las pensiones que entrega el sistema de AFP no le alcanzan para financiar un nivel de vida adecuado. El 66% estima que la pensión que recibirá no se ajusta a sus expectativas. Y un 66% piensa que sólo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones.

Este no es el único estudio que avala esa visión crítica de los usuarios. En un sondeo publicado por Laborum.com el año pasado, se les pidió a los entrevistados calificar a las AFP con nota de 1 a 7, siendo 1 la nota más baja y 7 la nota más alta. El 78% le asignó una nota entre 1 y 3 (38% las calificó con nota 1). Por otro lado, el 84% de los entrevistados manifestó que no confiaba en su propia AFP. Y ante la pregunta "¿Cree que es necesario cambiar el sistema de pensiones?", un contundente 91% respondió afirmativamente.

Los desafíos de futuro para la Nueva Mayoría en este tema vital para la población son, primero, abordarlo desde una perspectiva de seguridad social integral en el marco del debate sobre la nueva Constitución. Segundo, avanzar en una articulación más sofisticada de un sistema solidario con los aportes individuales, teniendo presentes los ajustes que ha requerido el Estado de bienestar en los países europeos, sin renunciar a sus principios fundamentales. Finalmente, tener a la vista la idea de proceso: dada la entidad de las reformas en curso, lo más probable es que una reforma de segunda generación al sistema de pensiones quede perfilada para un próximo gobierno, en el marco de la dialéctica proyecto estratégico/programa(s).