Según el informe anual de accidentes de tránsito elaborado por Carabineros de Chile, en 2014 fallecieron 1.630 personas en todo el país, la mayor cifra desde 2008.

De esta forma, el país está lejos de cumplir el objetivo de reducir las muertes por esta causa, comprometido en 2011, cuando se suscribió el documento "Década para la acción en seguridad vial" de la Organización de Naciones Unidas, y que pretende llegar a 2020 con un 50% de reducción en los fallecimientos.

La estadística, además, muestra el incumplimiento de la meta fijada por el gobierno anterior de disminuir en 20% los siniestros entre 2011 y 2014, con la estrategia nacional de seguridad vial, que en uno de sus puntos centrales incluía la instalación de fotorradares.

Sin embargo, transcurrido ya más de un año, todavía no ve luz verde el proyecto de ley que permitía su reinstalación.

Hay que tener presente que en la propuesta se cautela uno de los aspectos problemáticos que presentó la implementación de una normativa similar anterior (1997-2002), el cual consistía en el conflicto de interés de las municipalidades, que se veían beneficiadas por las infracciones del tránsito, ya que se incrementaba su erario.

El proyecto, sin embargo, radica el control del sistema y la recaudación de las multas por fotorradares en el Ministerio de Transportes, sin que los recursos por el pago de infracciones se transfieran, como antes, al municipio respectivo. Esto es fundamental para impedir que estos dispositivos, emplazados en lugares determinados, concluyan transformándose -como ocurrió en 2002- en verdaderos "cazabobos".

Es evidente que el objetivo de esta iniciativa no debe ser la recaudación, sino que salvaguardar la integridad física de automovilistas y peatones. Es importante además resguardar el que las penas -por una parte- sean proporcionales y -al mismo tiempo- que se revise si las velocidades máximas a controlar son realmente las adecuadas a las condiciones imperantes.

Sin embargo, es claro que el detectar y sancionar a quienes conducen a altas velocidades es necesario para salvar vidas y resguardar la tranquilidad de las personas. En este sentido, el proyecto en discusión parece justificado y cabe esperar que en Chile -tal como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados- los fotorradares sean un importante incentivo al buen comportamiento vial.

Con todo, debe conjurarse el riesgo de que -al igual que lo que ocurre con los lomos de toro- la presión de los vecinos para que se instale un artefacto cerca de sus casas lleve a multiplicar el sistema más allá de lo aconsejable.