El debate generado en torno al financiamiento de la política -actividad pública que recibe aportes del mundo privado-, alimentado por la publicidad recibida por los casos Penta, y, especialmente, SQM, abre una legítima discusión sobre las formas en que deben delimitarse los ámbitos de interacción entre los sectores público y privado.

En el caso de la política, se trata de una actividad fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad, y por ello está en el interés general de todos el que se financie adecuadamente en vistas a procurar que pueda cumplir con éxito su misión; pero también está en el interés particular de personas individuales o de grupos de personas el que las doctrinas políticas con las que se sienten más afines estén representadas en la política local. Por ello, hay buenas razones para que exista tanto financiamiento público como privado para dicha actividad. Pero como eso genera el riesgo, en el primer caso, de dependencia del Estado y de su posible discrecionalidad, y, en el segundo, de influencia de los privados en las decisiones de su representante político, las reglas de financiamiento de la política requieren de cuidadoso estudio que aproveche la experiencia comparada. La solución, por lo tanto, deberá ser necesariamente mixta, y la correcta delimitación en la interacción entre el ámbito público y el privado a que ello dé lugar es la cuestión esencial a alcanzar.

Sin embargo, hay otras instancias en que también se produce interacción entre el mundo público y el privado. Es el caso de funcionarios que ejercen cargos públicos -en entes regulatorios o fiscalizadores- y que, una vez que los han dejado, y merced a su experiencia y conocimiento, resultan útiles para organizaciones privadas, especialmente aquellas que antes habían sido supervisadas o fiscalizadas por ellos. La posibilidad de que ello ocurra puede ser explotada de múltiples maneras en favor de las organizaciones privadas, una dinámica que puede llevar a desnaturalizar el respectivo cargo público. Es así como en otros países se han establecido, para esas personas, períodos de vacancia profesional en cargos relativos a su antigua ocupación -entre seis meses y dos años-, lo que requiere ser compensado en favor del afectado, quien ve disminuidas sus opciones de trabajo por el solo hecho de haber ejercido como servidor público. No otorgar esa compensación solo puede resultar en una menor cantidad de ciudadanos dispuestos a servir en dichos cargos, y, por esa vía, se priva al Estado de sus posibles mejores servidores.

Como se ve, la interacción entre el ámbito público y el privado, ilustrada por estos dos muy importantes casos, puede contener tanto elementos virtuosos como perversos. La posibilidad de que se den los segundos no debe impedir el procurar aprovechar los primeros. Prohibir el contacto entre ambos mundos constituiría un grueso error, y una muestra de falta de realismo. Es necesario permitir que esa interacción ocurra, procurando, eso sí, incentivar el despliegue de las virtudes e inhibir la aparición de los vicios. Las sociedades se construyen con instituciones y con seres humanos, pero esas instituciones deben diseñarse para seres humanos de carne y hueso, y no para personas abstractas que habitan únicamente en la imaginación de burócratas voluntaristas.

En el diseño de las políticas públicas las buenas intenciones no bastan, pues si no se consideran las consecuencias que dichas reglas tendrán en la dinámica posterior, es posible que el resultado difiera sustancialmente de aquel que animó a sus impulsores.