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Editorial
Viernes 17 de abril de 2015
Cogobierno para la educación técnica
Seguir imponiendo en las nuestras modelos organizacionales inefectivos es condenarlas a la mediocridad en aras de una concepción política e intelectual pasada de moda que ningún bien produce a nuestros estudiantes...
Sorprende que décadas después de que se hicieran evidentes las limitaciones y perjuicios de establecer el cogobierno de los estudiantes en las instituciones de educación superior en Latinoamérica, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile -que preside la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo- intente imponer esa fórmula para los nuevos centros de formación técnica que el Gobierno quiere crear en las quince regiones del país.
La así llamada Reforma de Córdoba de 1918 introdujo el cogobierno en las universidades de América Latina. Desde ese lugar se extendió al resto de Argentina y a otras naciones latinoamericanas. Es, por tanto, un desarrollo propiamente regional, sin perjuicio de excepciones e incluso atisbos de esta idea en otras latitudes. La introducción de esta práctica mostró rápidamente sus inconvenientes, al grado que la Universidad de São Paulo, la mejor latinoamericana en la actualidad y que se fundó 16 años más tarde, no aceptó desde los inicios incorporar esta idea en su organización.
Ahora, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó indicaciones que no solo establecen que los estudiantes deben votar en la elección del rector de esas instituciones, sino que también participar en la gestión financiera y en la elaboración de las mallas curriculares. El Gobierno dice no compartir estas indicaciones, pero no pudo evitar su votación y solo le queda intentar revocarlas en una etapa posterior de la tramitación del proyecto de ley.
La creación de estos centros de formación técnica estatales es en sí misma discutible. En la actualidad, la matrícula de las casi 60 instituciones vigentes no alcanza a las 140 mil personas. Dos de ellas concentran el 60 por ciento de la matrícula, posición que han alcanzado después de invertir recursos significativos y articular una oferta razonable de programas relevantes. Otras instituciones si bien no son tan grandes se han especializado en nichos específicos con gran éxito. En este panorama no es evidente, entonces, el aporte real que harán las instituciones estatales. De hecho, hay universidades estatales que hoy día tienen centros de formación técnica bajo su control, sin que se pueda argumentar que ellos constituyen un aporte relevante a la oferta existente. Los riesgos de problemas endémicos de financiamiento o grandes déficits cubiertos por el Estado, entonces, son altamente plausibles. En efecto, más allá de la política de gratuidad universal que anuncia el Estado, estas instituciones pueden tener dificultades para atraer estudiantes y desarrollar adecuadamente sus tareas.
Las dificultades para conseguir estudiantes solo aumentarán si a estos se los involucra en la elección de rectores y en la gestión. Por una parte, una proporción importante de los alumnos de CFT combinan trabajo con estudios. La posibilidad de que ellos se integren en estas actividades es muy escasa. ¿A quiénes representarán, entonces, los estudiantes que elijan rector o participen en la gestión? Por otra parte, y este es un problema más complejo que el anterior, una institución de esta naturaleza requiere plasmar visiones de largo plazo en su desarrollo. Esa tarea es de por sí difícil en cualquier organización, pero si a eso se suma un modelo de cogobierno, se vuele virtualmente imposible. Hay que recordar que los programas de estos centros y, por tanto, la permanencia de los estudiantes no superan los dos años. Al mismo tiempo, la formación es sumamente especializada y orientada al mercado laboral. Por tanto, la posibilidad de plasmar una visión de largo plazo con los estudiantes involucrados en la gestión es una utopía.
La experiencia de las buenas instituciones de educación superior apunta en otra dirección. Ninguna de las que destacan en el concierto internacional tiene esta modalidad de gestión incorporada. Seguir imponiendo en las nuestras modelos organizacionales inefectivos es condenarlas a la mediocridad en aras de una concepción política e intelectual pasada de moda que ningún bien produce a nuestros estudiantes.