Desolador es el cuadro que denuncian ejecutivos de 11 empresas cuyas tiendas han sido robadas y asaltadas, en total, 65 veces en los últimos seis meses. Es un grupo no exhaustivo, pero sí representativo de un comercio establecido que trabaja ateniéndose a las regulaciones sectoriales y tributarias que el Estado impone, pero que, como contrapartida, no está recibiendo niveles básicos de seguridad cuya provisión es función esencial de aquel.

No se trata de comercio instalado en zonas o condiciones precarias: son tiendas dotadas de los mejores requisitos de seguridad que el sector privado puede darse, en centros comerciales (incluidos los mayores) y similares, en distintas áreas de la capital y otras ciudades. Costean guardias privados -varios han resultado heridos con armas de fuego-, cortinas metálicas, defensas estructurales y electrónicas, y han cerrado locales en sitios expuestos. Pero nada impide que continúen los asaltos a mano armada a sus tiendas, incluso en días o noches sucesivas -con grave riesgo para trabajadores y clientes- y también a los vehículos que transportan sus mercaderías. Denuncian la existencia de varios llamados "triángulos de las Bermudas", donde desaparecen sus mercaderías -contenedores enteros y los camiones que los movilizan- y pueden ser secuestrados choferes y auxiliares, para reaparecer solo muchas horas después.

Ante la realidad de tan altos riesgos, los seguros que contratan naturalmente multiplican su valor, lo que añade un factor de sofocación a esta actividad económica.

Sus críticas a la acción de fiscalías y policías -no planteadas anónimamente, sino con valiente identificación personal- son demoledoras y comparten una sensación de frustración e impotencia. "Se echan la culpa entre fiscales y policías", afirma una víctima. "No hacen absolutamente nada", sostiene el dueño de una empresa que sufrió 12 casos en los últimos cuatro meses, pero que después de la denuncia nunca fue contactado por la fiscalía o la policía, pese a haberse perpetrado secuestros de personas y heridos en tiendas. Otro hace ver que "en el caso teórico -que no se ha dado- de que se encontrara a alguno de estos asaltantes, ellos reducen la mercadería al canal secundario en un día", por lo que, aunque se tengan las huellas, las fotos y los videos de ellos, no resultan condenados, pues "no hay evidencia del producto que robaron". Sin embargo, los afectados ven sus mercaderías comercializadas en canales secundarios, internet y mercados más o menos ilegales, en los que la receptación de especies robadas es rutinaria. Concuerdan las víctimas en que Carabineros y la PDI tienen la disposición, pero no pueden hacer nada sin orden de investigación de la fiscalía, que -sienten- "no llegan nunca". Aun cuando se dispone de registro fotográfico de delitos y hechores, avisadas las instancias persecutorias, no lo han ido a buscar.

La contundencia de los testimonios recogidos llevó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, a ordenar ayer mismo un análisis de las indagaciones realizadas por la fiscalía en cada uno de estos casos a fin de clarificar la situación denunciada por las víctimas.

Los hechos descritos transmiten la idea de estar ante una delincuencia sin costo, cometida impunemente por organizaciones cada vez mejor estructuradas y armadas, que no parecen inhibirse ante el aparato estatal de prevención y sanción. Falta coordinación entre las instituciones competentes -Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio Público, policías, Poder Judicial-. Más allá de anuncios y declaraciones, no se observa ningún esfuerzo eficaz del Estado, ninguna iniciativa política sistemática conducente a revertir esta situación. Parece imperar una resignada aceptación oficial frente a este gravísimo y creciente problema. La desesperación de las víctimas es una invitación a la autodefensa y a la justicia por mano propia. Ya hay numerosos indicios de eso en el plano de la delincuencia callejera, en que los propios transeúntes la aplican. El Gobierno, los demás Poderes Públicos y organismos autónomos responsables no pueden seguir omitiendo una respuesta eficaz.

La resolución adoptada por el fiscal nacional puede ser de la mayor importancia si con ella logra despejar la inacción denunciada, pero también puede agravar la sensación de impunidad si -pese a hacerse públicos estos antecedentes- no hay un cambio de actitud por parte del órgano responsable de perseguir los delitos en el país.