El programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet promovió, entre otras, una reforma tributaria, proyectándose que en régimen ella iba a recaudar tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Se argumentó que alrededor de dos tercios de la misma se iban a destinar a financiar una ambiciosa reforma educacional que, entre otros aspectos, promovía la gratuidad universal en educación superior y en la educación subvencionada. En este último caso, ello se lograba eliminando el financiamiento compartido. A este objetivo el programa de gobierno sumó otras iniciativas: la desmunicipalización y fortalecimiento de la educación pública, la carrera docente y el aumento en la cobertura de la educación parvularia, por mencionar algunas. Sin embargo, nunca se explicitó el costo aproximado de cada una de estas iniciativas. Muy tempranamente diversos expertos, incluidos varios ligados a la Nueva Mayoría, hicieron notar que había una inconsistencia entre las promesas ofrecidas y la disponibilidad de recursos proyectada.

Unos pocos antecedentes comprobaban la incoherencia. Por ejemplo, de acuerdo al "Panorama de la Educación", publicación de la OCDE, las familias destinan un 1,7% del PIB a educación superior. El reemplazo del financiamiento compartido en el mejor de los casos significaba una inversión mínima equivalente al 0,3% del PIB (en la práctica es mucho más, porque el mero reemplazo de los aportes privados de las familias en este nivel escolar supone mantener desigualdades en el gasto escolar). Así, solo la sustitución de gasto privado por recursos públicos enteraba, como porcentaje del PIB, las sumas comprometidas para la reforma educacional. Pero, claro, ello dejaba sin presupuesto las demás reformas.

Las dificultades para lograr gratuidad en un sistema de educación superior diverso y heterogéneo han dificultado la puesta en marcha de esta iniciativa y son otros los proyectos que han ido asegurando recursos. Por ello, surgen dudas razonables respecto de la posibilidad de asegurar la concreción de esta política. Es cierto que el Gobierno al cabo de sus cuatro años comprometió gratuidad para los estudiantes "pertenecientes al 70% más vulnerable de la población". Atendido el hecho de que estos estudiantes están subrepresentados en la educación superior y asisten en una mayor proporción a institutos profesionales y centros de formación técnica, se puede proyectar que el logro de este objetivo intermedio demanda poco más del 50% de los recursos que se requieren para asegurar la gratuidad universal en educación superior. Claro que la gratuidad completa está comprometida para los dos años siguientes y, por tanto, no se podría promover una transición gradual que redujese la presión inmediata sobre las finanzas públicas.

Así, no es evidente cómo pudiese lograrse la gratuidad universal con los recursos actualmente comprometidos. Que hayan surgido voces que hablan de un impuesto a los graduados como medida para financiar la gratuidad anunciada da cuenta de las restricciones económicas que está enfrentando la agenda gubernamental. Por supuesto, el Gobierno siempre podría acudir a potenciales holguras presupuestarias que genere el crecimiento económico, pero estas no son tan abundantes y parecen estar comprometidas en otras necesidades. Una nueva reforma tributaria parece improbable en el corto y mediano plazo, toda vez que la aplicación de la actual no está siendo fácil y ya ha ubicado el impuesto a nuestras empresas entre las más altas del mundo. Otras fuentes de recursos, como el impuesto específico a los combustibles, particularmente al diésel, que está por debajo del que rige para las bencinas, sin ninguna justificación técnica, o a las personas, son políticamente muy impopulares.

Quizás sea más razonable abandonar esta pretensión, que nunca debió ser una prioridad gubernamental, por su costo y carácter regresivo, particularmente en un país que tiene tantas necesidades de asegurar equidad y calidad de la educación en los niveles de escolaridad inicial, básica y media.