María José Ahumada

Escuchar y sintetizar. Así resumen varios integrantes del consejo asesor presidencial para combatir los conflictos de intereses, tráfico de influencias y la corrupción la rutina de estas últimas semanas, desde su creación el 10 de marzo pasado.

Hasta la fecha, la instancia ha realizado 28 reuniones. De ellas, 23 han sido audiencias públicas en las que se ha recibido a un total de 48 organizaciones y figuras ligadas a la política, entre ellos el presidente del Senado, Patricio Walker, y su par de la Cámara, Marco Antonio Núñez, además de los presidentes de partido de la Nueva Mayoría.

El presidente del consejo, Eduardo Engel, comentó a "El Mercurio" que "considerando la urgencia con que la Presidenta nos encargó esta tarea, estamos trabajando intensamente en dos niveles. Por un lado, estamos concentrados en escuchar las diferentes visiones. Por otro lado, en dos grupos de trabajo se están evaluando, sintetizando y estructurando los diversos aspectos que abarcan la probidad y la relación entre política y dinero, que son los dos grandes temas que debe abordar el consejo".

El proceso de audiencias, sin embargo, finalizará el viernes 10 de abril. Semana en la que el consejo tiene pensado realizar este tipo de citas en Concepción, el lunes 6; en Coquimbo, el martes 7, y en Temuco, el miércoles 8.

En la misma línea, una de las decisiones que ya ha tomado el consejo es incluir en el informe final -que será entregado a la Jefa de Estado el 24 de abril- un resumen de las propuestas que recibieron de cada organización.

En medio de estas actividades el consejo ha constatado que gran parte de las temáticas que han surgido para evitar irregularidades se encuentran en el Congreso. Por lo mismo, ha cobrado fuerza la idea de proponer al Gobierno que patrocine mociones parlamentarias. La opción, explicaron, podría acelerar la tramitación de las medidas.

Propuestas frecuentes

A través de la figura de un relator, labor que ha realizado la analista de la UC Marianela Calderón, el consejo agrupa las propuestas más recurrentes en cinco paneles: financiamiento de partidos, financiamiento de campañas, corrupción, conflictos de intereses y, por último, órganos, mecanismos y procedimientos de fiscalización. De este modo, al final de cada sesión se hace una síntesis de lo planteado por las agrupaciones, distinguiendo las propuestas más reiteradas.

Cada organización ha sido representada por un máximo tres integrantes, y han contado con veinte minutos para exponer su análisis. Luego responden las preguntas de los consejeros, generándose un diálogo fluido entre ambas partes.

A la fecha, las medidas que más se han reiterado en materia de corrupción, tráfico de influencia y conflictos de intereses son: aumentar las penas para quienes cometan actos de corrupción, pérdida del cargo de quienes hayan sido electos infringiendo ley electoral, inhabilitar el ejercicio de cargos públicos a quienes sean condenados por corrupción, regular contratación de profesionales del sector público al privado y viceversa, crear una oficina de denuncia de corrupción para ciudadanos y funcionarios públicos, establecer la educación cívica en todos los niveles y establecer mayores controles a la contratación de familiares en el sector público.

En el área de financiamiento de partidos y campañas, en tanto, aparece financiamiento público a los partidos políticos, otorgar beneficios tributarios a personas que donen a la política, subsidio público a aportes de personas a partidos políticos y campañas, limitar el gasto en campañas electorales, eliminar el aporte de empresas a campañas y terminar con aportes reservados a campañas electorales.

En ese último punto, sin embargo, algunos han planteado eliminar todo tipo de aporte anónimo, mientras que otros quieren permitirlo en montos bajos, línea que ha sido defendida por el propio Engel.

Por ello, una de las ideas que podrían surgir es establecer una medida para permitir aportes anónimos de bajo monto. Vale decir que una persona natural pueda entregar una donación mínima a un candidato defendiendo su anonimato, pero bajo el conocimiento del partido y del propio candidato.

En el área de órganos, mecanismos y procedimientos de fiscalización aparecen: aumentar los recursos y atribuciones del Servel, con fiscalización en terreno del gasto en campañas; coordinar el trabajo de fiscalización del Servel con el del Servicio de Impuestos Internos; ampliar el concepto de propaganda electoral a todo mensaje que promueva a un candidato, aunque no llame a votar; limitar reelección de diputados y senadores.

Cifras del Consejo

28
reuniones se han realizado hasta el día de hoy.

23
audiencias públicas se han llevado a cabo.

48
organizaciones han participado de estos encuentros.

3
citas en regiones restan por efectuar.

24
de abril se entregarán las conclusiones.

El aporte de la comisión investigadora Penta

La comisión investigadora de la Cámara Baja sobre Penta y financiamiento de campañas políticas comenzó a elaborar el informe con sus conclusiones. Junto con esto, el presidente de la instancia, Fidel Espinoza (PS), informó que los antecedentes serán puestos primero en poder del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción.

"El informe propondrá mejorar las atribuciones de organismos como el Consejo de Defensa del Estado, el Servel y el SII porque se ha demostrado que sus facultades son mínimas", comentó el parlamentario.

Espinoza planteó que se buscará replantear que los legisladores en ejercicio estén obligados a concurrir a la comisión de ser invitados. El diputado se quejó respecto de que en la actual instancia se convocó a parlamentarios, pero estos no asistieron.

Por otra parte, Fundación Multitudes presentó su propuesta al Consejo Asesor Anticorrupción, instancia que tiene como misión crear un nuevo marco regulatorio para los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y los actos de corrupción.

"La nueva forma de hacer política y las expectativas de los ciudadanos reflejan la urgencia de instalar en el debate la transparencia en el sector privado en su relación con el ámbito público, en particular aquellas empresas que gestionan recursos o bienes de uso público", explicó Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes.

El documento, que consta de cuatro ejes, propone en esta línea la publicidad de toda transferencia que realicen las empresas que manejan bienes de uso público a instituciones y organizaciones con personalidad jurídica, entre las que están fundaciones, colegios, universidades, centros de estudio, partidos políticos, sindicatos y gremios, dado que por su rol éstas inciden en los procesos de toma de decisiones en el país.

La ONG también propuso la creación de un sistema de protección a quienes denuncien actos de corrupción y el aumento de las sanciones a los culpables directos. En este contexto, el modelo norteamericano se puso como ejemplo, el que no solo sanciona a quienes incurren en actos de corrupción, sino que también a las empresas que cometen estos actos.