Señor Director:

Es un hecho que hoy el Ministerio Público se encuentra investigando casos que presentan caracteres de delito que afectan a parlamentarios, a ex autoridades de gobierno e incluso al hijo de la Presidenta. A raíz de esta realidad, hay parlamentarios que proponen una reforma constitucional que establezca que el Ministerio Público y la Policía queden sujetos a una acusación constitucional que resolvería el Congreso Nacional. La razón es muy clara, sujetar al Ministerio Público y a la Policía a la mayoría política que exista en el Congreso. Esto es, afectar la independencia del Ministerio Público para investigar todo y cualquier hecho que presente caracteres de delito, quien quiera sea su presunto responsable. Es más, hoy hay un ex parlamentario e importante dirigente político que claramente sugiere que se llegue a un acuerdo político para terminar el caso de Soquimich.

Conforme al artículo 89 de la Constitución Política, el fiscal nacional y los fiscales regionales pueden ser removidos por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros. La Corte Suprema resolverá en pleno especialmente convocado al efecto y, para acordar la remoción, debe reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Esto garantiza la independencia del Ministerio Público y su responsabilidad; norma que fue ratificada por unanimidad por la Cámara de Diputados y el Senado al aprobar su creación.

Nada justifica la reforma constitucional que promueven algunos diputados, salvo buscar una fórmula política que afecte la independencia del Ministerio Público y de la Policía.

De otro lado, el Ministerio Público y la Policía deben dar estricto cumplimiento a las normas del artículo 182 del Código Procesal Penal que establecen: "Las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Los funcionarios que hubieran participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas".

Miguel Otero Lathrop
Ex senador y abogado