W.D.

"Impulsaré las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, pero también al interior del ámbito público como en el de los negocios", afirmó la Presidenta Michelle Bachelet el 10 de marzo, cuando presentó en La Moneda el consejo presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

Desde ese día el Gobierno trabaja en una serie de medidas para castigar -y elevar las sanciones- los delitos que provengan del sector privado. Para la Mandataria, según afirmó al constituirse el consejo, lo que está en juego tras la irrupción de la agenda política-negocios es la desconfianza en el rol del Estado y "la legitimidad del mercado".

De ahí que La Moneda no solo haya pedido ampliar la declaración de patrimonio e intereses a ministros, altos ejecutivos del Estado y rectores de universidades estatales, sino que, además, propondrá la inhabilidad perpetua para los directores de empresas que hayan sido condenados por acciones que afecten a los consumidores o en fraudes tributarios.

Se trata de un conjunto de iniciativas que busca implementar el Ejecutivo y que hará llegar a través del consejo presidencial que, a partir del 10 de marzo, cuenta con un plazo de 45 días para entregar un informe a Bachelet.

Sanciones

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, se encuentra coordinando todas las iniciativas que se enmarcan en la agenda de probidad y transparencia del Ejecutivo.

Una de las medidas que se propondrán a la comisión que preside Eduardo Engel apunta a elevar las sanciones a las empresas que aparezcan involucradas en colusión de precios, como ocurrió en el caso Farmacias.

En paralelo se impulsará la creación de un registro público para las empresas que hayan sido sancionadas penal o administrativamente, lo que implicará su exclusión del sistema de contratación pública.

Todas estas iniciativas serán reforzadas por la creación de una Defensoría Pública del Consumidor, cuyo principal objetivo será la representación administrativa y judicial de las personas frente a eventuales abusos de empresas en los mercados regulados.

Este debate, de todas formas, ha traspasado las fronteras de La Moneda. En la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ya anunciaron que se expulsará a las compañías asociadas a la multigremial, en el caso de que estén condenadas por casos que impliquen una falta a la ética empresarial.

AFP e isapres

El Ejecutivo también le propondrá al consejo asesor que se establezca un estándar más alto a las compañías que prestan servicios públicos, como las AFP e isapres. La idea es que exista una regulación especial para sus directores, como publicitar el registro de sus reuniones y obligar a que entreguen una cuenta anual sobre la utilización y destino de los dineros recibidos.

También se estipulará la ampliación de la ley de transparencia para las empresas vinculadas a la prestación de servicios públicos y se las someterá al Consejo para la Transparencia.

Las iniciativas están en línea con las que propondrá la comisión paralela pro transparencia que instaló la Nueva Mayoría, que, además de prohibir que los acusados por delitos económicos puedan volver a directorios de empresas, exigirá entregar una declaración de patrimonio e intereses a los ejecutivos de empresas que transan en el mercado con bienes públicos, como son precisamente las isapres y AFP.

Modelos alemán e inglés

Para regular el ámbito de los negocios, el Gobierno ha seguido de cerca la legislación de Alemania y se encuentra estudiando sanciones para los empleados de empresas que prestan servicios al Estado.

El aumento de las multas, las penas de cárcel superiores a los tres años, la inhabilidad para ejercer cargos públicos y la prohibición del ejercicio de la profesión se han constituido en otras alternativas que ha observado el Ejecutivo.

Otro modelo al que ha recurrido el Gobierno es el inglés. Es así como en sectores de La Moneda han analizado otras sanciones, como aumentar las penas por sobre los 10 años, la confiscación de bienes y distintas modalidades para establecer la inhabilidad de los directores de compañías.