Indefiniciones e incertidumbre

El dramatismo de la catástrofe de Atacama -de mayor impacto que la prolongada sequía en el sur, si bien algunos de los efectos de esta pueden ser en el largo plazo aún más graves- movilizó a las autoridades, marcando un paréntesis en la agenda. Con todo, los interrogantes acumulados respecto del rumbo del Gobierno continúan abiertos. Sumados al ambiente de cuestionamiento suscitado a partir de los casos de connotación política que investiga la justicia, contribuyen a mantener un escenario de incertidumbre que inquieta a la ciudadanía y poco aporta a la recuperación económica. El cambio de gabinete esperado desde fines del año pasado parece ahora indefinidamente postergado, con lo que se agudiza la falta de señales respecto de la línea que se pretende seguir, sea esta una apuesta por la contención y por la priorización de los temas de gestión en áreas de alta preocupación ciudadana, o, al contrario, una suerte de "fuga hacia adelante", que radicalice el programa reformista. Es notoria la pugna entre ambas visiones, sin que el Gobierno haya tomado una opción.

A tal indefinición se agregan las dudas que plantea la actuación de las instituciones en la llamada "crisis de los casos". Preocupante resulta el rol jugado por el Servicio de Impuestos Internos, que ha construido un prestigio basado en el rigor profesional, la autonomía, la priorización de su papel recaudador y el uso prudente de sus atribuciones en la persecución penal. Hoy, en los hechos, se ha cambiado el modo de aplicar la ley, al optarse -en un ambiente de fuerte presión- por la persecución en sede penal, y no administrativa, del uso de boletas de honorarios cuyos datos plantean reparos, incluso aunque correspondan a operaciones reales. Hasta ahora, este camino solo se había utilizado en casos de excepcional gravedad, cuando se constataba la existencia de operaciones masivas para la defraudación fiscal. El cambio de criterio puede ser legítimo, pero su aplicación "hacia atrás" altera la práctica habitual del servicio y amenaza principios del Estado de Derecho; se trata de una situación no muy distinta de la que supondría establecer con efectos retroactivos un nuevo delito. El precedente puede dañar la confianza del contribuyente en ese servicio, clave para la eficacia de su labor: es inevitable que esta se resienta si la legislación tributaria es utilizada artificiosamente para perseguir conductas ajenas a su ámbito, como eventuales faltas a la Ley de Gasto Electoral.

Financiamiento político y lucro personal

Son en parte este tipo de confusiones las que han contribuido a instalar el actual clima de cuestionamiento a la política -cual si imperase en esta una corrupción generalizada- y el ambiente de "caza de brujas" denunciado por el ministro del Interior.

El análisis desapasionado de cualquier conocedor advertirá, efectivamente, la existencia de situaciones irregulares en el financiamiento de las campañas y de la propia actividad (sedes partidarias, etc.), pero también reconocerá que en la gran mayoría de los casos tales prácticas, por cierto cuestionables, no redundan en el enriquecimiento personal de los dirigentes. Para muchos, la opción por el servicio público significa renunciar a oportunidades económicas y el valor de la austeridad sigue siendo transversalmente apreciado. Precisamente por eso impactan al país las situaciones de quienes se apartan de los principios de probidad pública en aras del lucro personal; el repudio y el escándalo que suscitan es signo de su excepcionalidad.

Mejores prácticas, una evolución histórica

Es un hecho también que la ciudadanía exige hoy niveles de transparencia superiores. Constituye un deber de los dirigentes responder a esa demanda con prontitud, tanto porque las personas así lo reclaman como porque una dilación solo estimulará los cuestionamientos y el descrédito. Hay pues razón en quienes critican el extendido plazo dado a la comisión conformada para entregar propuestas en esta materia. En rigor, los temas de financiamiento y control de la actividad política han sido largamente estudiados por los más destacados especialistas, y aunque es indudable la capacidad del grupo convocado, difícilmente sus planteamientos supondrán una novedad. Antes que una cuestión académica, lo que hay aquí son decisiones políticas pendientes.

Pero siendo urgente satisfacer la exigencia ciudadana de mejorar sustantivamente las prácticas, el cambio debe entenderse como un nuevo paso en la trayectoria democrática del país, siguiendo la misma línea que en el pasado llevó a concretar avances históricos, como la extensión del sufragio o la instauración de la cédula única de votación. En cada una de esas oportunidades la modificación de las normas fue el resultado de una evolución política previa; no de la destrucción de las instituciones existentes, sino de su perfeccionamiento y adecuación a nuevos estándares. No es casual que quienes ahora, a propósito de los casos en investigación, levantan discursos sobre la supuestamente generalizada corrupción de políticos y empresarios sean los mismos que, apartándose de la referida línea histórica, intentan imponer tesis refundacionales y fórmulas como la de la asamblea constituyente, que pretenden desechar todo lo logrado por el país en las últimas tres décadas. Es tarea de los líderes responsables rechazar aquella manipulación.