Señor Director:

En relación con una nota sobre las desvinculaciones del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) (martes 24), así como con la carta del director del Servicio Civil (miércoles 25), es necesario hacer algunas precisiones.

Revisando la información que publica el mismo Servicio Civil en su sitio web, para los cargos de ADP de primer nivel se tiene que a diciembre de 2010 se desvinculó a 50 personas de los 105 cargos adscritos que se concursaban en esa época, lo que representa el 47% de los cargos y no el 88% como lo señala el artículo. Del mismo modo, a diciembre de 2014 se desvinculó de sus cargos a 75 directivos de primer nivel de un total de 110, lo que representa el 68% del total.

En cuanto a las cifras de desvinculaciones totales del sistema ADP (considerando los cargos de primer y segundo nivel), mientras en 2010 se desvinculó a 228 personas (25% del total), el 2014 esta cifra casi se duplicó, llegando a 430 (45% del total). Además, aquellas calificadas como "no voluntarias" pasaron del 17% al 33% entre 2010 y 2014.

Durante la administración del Presidente Piñera se buscó sistemáticamente fortalecer el sistema. Se enviaron dos proyectos de ley (2011 y 2013), los que fueron bloqueados por la Concertación, y se publicaron dos instructivos presidenciales para mejorar el proceso de selección y los convenios de desempeño (2010 y 2013). También se extendió significativamente la ADP al interior de la administración del Estado. Así, mientras en diciembre de 2009 se concursaban 934 cargos (adscritos y no adscritos), a diciembre de 2013 el número total de cargos se elevó a 1.255 (en 2014 no se aumentó en ningún cargo). Finalmente, se incorporó a la ADP la selección de 3.600 directores de establecimientos de educación municipal y jefes de Direcciones de Administración de Educación Municipal (DAEM), y se enviaron proyectos de ley para incorporar también a los gobiernos regionales y a los municipios.

Hacemos un llamado a que las actuales autoridades retomen esta agenda con urgencia. En la coyuntura actual, no parece buena idea seguir postergando estas reformas.

Carlos Ríos
Área Económica y Social Fundación Avanza Chile