Señor Director:

A tres años del asesinato de Daniel Zamudio, es bueno revisar lo logrado y lo pendiente en la lucha contra la discriminación en Chile. La Ley Antidiscriminación fue un importante avance, principalmente en lo simbólico. La idea de que "ya no se puede discriminar" se ha instalado en la sociedad. Además, entre las quince categorías sospechosas, se incluyen por primera vez en la ley chilena las expresiones de orientación sexual e identidad de género, utilizadas por años en el sistema internacional de DD.HH. Sin embargo, la discriminación está lejos de haberse acabado y la igualdad real sigue estando lejos para los grupos marginados. Esto ocurre porque la ley tiene graves falencias que la hacen poco efectiva.

Primero, no crea una institucionalidad que busque erradicar la discriminación. Solo menciona que cada órgano del Estado debe implementar políticas para garantizar los derechos de las personas sin discriminación. No especifica cómo o con qué presupuesto hacerlo, ni define un ente coordinador que vele por la no discriminación en forma sistémica.

Segundo, trata un problema estructural como si fuera individual al crear una acción judicial, pero no combate la discriminación mediante la educación, capacitación, campañas ni medidas para nivelar la cancha.

Tercero, la carga de la prueba en la acción judicial recae completamente en la víctima, la cual en la mayoría de los casos no tiene las pruebas para demostrar la discriminación. En otros países esto se ha resuelto con la facultad del juez de obligar a la parte acusada a desclasificar información que pueda ayudar a determinar la existencia de discriminación, como correos electrónicos o protocolos internos. El número de causas en estos tres años no supera el medio centenar, lo cual es revelador pues evidentemente en este período ha habido más de cincuenta casos de discriminación arbitraria.

Finalmente, la ley se contradice a sí misma al plantear que no se entenderán como discriminación las distinciones producto de la libertad de enseñanza, de culto u otras, con lo que colegios e iglesias pueden seguir discriminando según su proyecto educativo o su fe.

Desde que fue aprobada la ley, la sociedad civil ha levantado la voz para advertir estas insuficiencias. Tras una exitosa colaboración con el comando de Bachelet, logramos que el programa de gobierno se hiciera cargo y prometiera una reforma para que la ley no quede reducida a una acción judicial, sino que "se establezca el deber del Estado de elaborar políticas públicas contra la discriminación, acciones afirmativas a favor de los grupos históricamente discriminados y medidas de reparación". Esperamos que no tenga que morir otro Daniel para que eso ocurra.

Luis Larraín S.
Presidente Fundación Iguales