A. Chaparro y C. Carvajal

A 17 días de la petición de entrega voluntaria de información hecha a SQM, sortear la negativa de esta y las acciones judiciales que bloqueaban una eventual incautación, la fiscalía allanó ayer las oficinas de la compañía, ubicadas en Los Militares 4290, comuna de Las Condes. El objetivo era hacerse de su contabilidad y respaldos correspondientes al período 2009-2014.

En la víspera, el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inadmisible un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el ex gerente general de la empresa Patricio Contesse G., que mantenía paralizadas las diligencias en la investigación que involucra a la minera no metálica en eventuales delitos tributarios y el financiamiento irregular de campañas políticas.

Solo restaba un trámite. Temprano, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y su equipo comenzaron a trabajar en el último escrito que les restaba ingresar en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para destrabar la orden de entrada y registro. Pero cerca de las 15:00 horas se supo que ya no sería necesario, porque el mismo Contesse había decidido que no insistiría en la cautela de garantías que le fue rechazada, desistiéndose en el juzgado.

Ahora, el Ministerio Público solo debía esperar la resolución judicial que autorizaría, o no, la incautación solicitada por Chahuán.

Cerca de las 16:30 horas había luz verde para allanar. Un hora después los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, acompañados por un equipo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), ya estaban en el lugar para retirar los libros de contabilidad y sus respaldos, en particular de los libros de compra y venta, el libro diario, el libro mayor, el libro de retenciones de honorarios y los balances, en formato físico o electrónico, además del plan de cuentas de la sociedad.

La diligencia, que se extendió por poco más de dos horas y media, se realizó en el segundo piso del edificio donde se encuentra SQM y en presencia de uno de los abogados que representan a la compañía, Luis Hermosilla. Los investigadores y los funcionarios policiales se retiraron sin hacer declaraciones.

La orden judicial

En su resolución, el juez Daniel Aravena fundamentó por qué se cumplía con los requisitos que impone la ley para visar una medida intrusiva de este tipo. Primero, que exista un delito penal y, luego, que el allanamiento sea el medio idóneo, necesario -en cuanto que no exista otro menos gravoso- y proporcional.

El Ministerio Público investiga diversos "hechos delictivos", como delitos tributarios, apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado, cohecho y fraude de subvenciones, enumeró el magistrado.

Todos "hechos ilícitos respecto de los cuales los antecedentes de investigación expuestos en la solicitud dan plausibilidad a la existencia de los mismos", consignó en la resolución.

Y, en ese sentido, menciona por ejemplo "diversos egresos de la empresa Soquimich (mediante boletas "falsas") en favor de distintas personas naturales y jurídicas" sin real justificación, como los para María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner; y el contador Osvaldo Opazo Lira y su mujer, Marisol Toro González, vinculados con el abogado Roberto Guzmán Lyon, cercano al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

Y lo mismo respecto de la empresa Reactor SpA, y la consultora Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, ambas relacionadas con la campaña de Pablo Zalaquett.

En cada caso, precisó el juez, "sin que exista constancia de servicios reales efectuados por los mencionados" a favor de SQM.

A ello se suman, entre otros antecedentes, dos querellas y una denuncia por delitos tributarios de Impuestos Internos en la arista SQM y una querella del Consejo de Defensa del Estado por cohecho y soborno.