Una sociedad moderna y compleja requiere de un Estado profesional y fuerte con las capacidades suficientes para entregar los servicios que se le encomiendan, muchos de los cuales son provistos en forma monopólica, e implementar las reformas que el Ejecutivo aprueba en el Congreso. Esta necesidad es independiente del debate, siempre recurrente, respecto del volumen de recursos con los que debe contar el Gobierno. Esas capacidades están lejos de ser satisfechas en la actualidad. La Alta Dirección Pública fue en su momento un paso relevante hacia la construcción de un Estado más profesional, y hasta hoy sigue siendo una herramienta crucial para asegurar competencias técnicas mínimas que requieren esos cargos. Antes de la generación de esta institucionalidad, muchos puestos eran capturados por los partidos políticos sin que ello fuese acompañado de exigencias razonables para quienes los ocupaban.

Sin embargo, el Estado requiere de permanencia y de la posibilidad de que sus altos funcionarios se puedan desplazar y seguir su carrera en otros servicios distintos de los originales. Los países con mejores estados suelen promover estas posibilidades. Chile está alejado de estas prácticas. En los dos últimos gobiernos la rotación en los cargos de primer nivel ha sido elevada: a un 63 por ciento se le habría pedido la renuncia. Esta proporción alcanzaría el 85 por ciento en los cargos del área de la salud. Los antecedentes en cargos de segundo nivel son más dispersos, pero también exhibirían altas rotaciones. Estas no son compatibles con el objetivo de lograr un Estado profesional.

Se aceptó, quizás demasiado ligeramente, la idea de que debía existir una afinidad política entre los altos directivos y los gobiernos de turno. No lo han estimado así los países que tienen reconocidamente buenos estados. En Canadá, por ejemplo, incluso gran parte de los subsecretarios pertenecen al servicio civil. En Inglaterra, Tony Blair, al llegar al poder por primera vez, generó un pequeño debate porque, en lugar de 33 funcionarios de confianza que tenía el anterior gobierno, nombró 51. Estas realidades dan cuenta de la importancia que tiene para el funcionamiento de esas sociedades un Estado altamente profesionalizado.

La Alta Dirección Pública, a pesar de sus aportes, no ha logrado consolidar este camino y debe ser rediseñada para darle a nuestro Estado un cuerpo de funcionarios profesionales parecidos a los que se observan en los países más desarrollados. Ello motivaría la postulación, hoy día seguramente desalentada, de profesionales que quieren contribuir a un mejor Estado. Este esfuerzo no se ha producido porque aquel todavía aparece como una especie de botín de los vencedores de la contienda electoral. Esta situación hay que cambiarla radicalmente y es indispensable para lograr un Estado efectivo. Esto se puede ampliar a otros campos. No deja de ser insólita la cantidad de asesores que se renuevan en distintos ministerios y en muchas divisiones, sin pasar por concursos con exigencias verificables de competencia profesional. Es razonable que estos cargos también se profesionalicen, más todavía cuando el país ha invertido en la formación de posgrado de muchos jóvenes, algunos de los cuales van a encontrar espacio en la academia, pero otros pueden ayudar a construir un Estado con un nivel de apoyo más profesional que presta servicios a los distintos gobiernos más allá de sus inclinaciones políticas.

Si el país no da pasos concretos en esta dirección, nuestro Estado se irá quedando rezagado. En muchos países de la OCDE, por ejemplo, la modernización de las instituciones públicas y la gestión de recursos humanos es una parte relevante y permanente de la agenda de los diversos gobiernos. También debería estar en la agenda de los nuestros. Los pasos al respecto son modestos y no siempre concitan la urgencia requerida.