El Gobierno ha presentado reformas a la Ley de Libre Competencia, las que parecen estar influidas por la presión del público en demanda de sanciones más duras contra los carteles. Algunas de estas medidas son parte de los consensos alcanzados en la Comisión sobre Libre Competencia que analizó esa legislación durante el anterior gobierno, pero otras son innovaciones que no concitaron acuerdo entre los expertos.

El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha criticado el proyecto de reforma. Si bien aprueba que el control y autorización de fusiones de empresas sea obligatorio, está en desacuerdo con el rol preponderante que tiene el fiscal nacional económico (FNE) en la definición de las medidas de mitigación que se deben cumplir para aprobar una fusión. Según el presidente del tribunal, las partes interesadas deberían poder apelar a este si las condiciones exigidas por el fiscal para aprobar la fusión son excesivas. También critica que la facultad normativa, que permite dictar Instrucciones Generales para proteger la competencia en un sector, se traslade al fiscal. Hasta ahora esta potestad estaba radicada en el tribunal, que tiene la ventaja de ser independiente por su nombramiento, a diferencia del fiscal nacional económico, que es nombrado por el Ejecutivo. En ese sentido, según el presidente del TDLC, sus Instrucciones Generales podrían percibirse como menos legítimas que las del tribunal.

Otro tema que merece dudas es el monto de las multas en el proyecto. Hasta ahora tenía un límite superior, que algunos encontraban muy bajo. La nueva ley desea reemplazarlo por un límite variable. Se plantean dos alternativas: un monto equivalente al doble de los beneficios obtenidos desde el comienzo del cartel o hasta un 30% de los ingresos por ventas anuales.

El tema que provoca más controversia es la pena de cárcel por colusión, medida que existió en el pasado, sin ser útil. Con todo, el contexto mundial era otro, y hoy han aumentado los países que incluyen cárcel por colusión. EE.UU. la ha tenido desde la Ley Sherman, y ha sido exitosa. Se menciona que hay carteles internacionales que evitan operar en ese país por temor a la prisión, pero actúan en naciones con castigos consistentes en multas. Además, la FNE dispone de equipos de investigadores y facultades que le permiten obtener información que podría ser utilizada en un juicio penal (a diferencia del pasado). Esto, acoplado a la delación compensada, podría ser muy efectivo como medida anticarteles.

Los opositores tienen buenos argumentos. Señalan que la ley actual funciona bien y ha permitido detectar y castigar diversos casos de abusos colusivos: farmacias, buses, asfalto, transporte de automóviles y pollos. Temen que la figura penal podría interferir con un procedimiento civil. Por ejemplo, el estándar de prueba penal es mayor que en un juicio civil. ¿Qué ocurriría si el fallo civil es distinto al penal? ¿Cuáles serían las presiones de la opinión pública sobre los jueces penales si se juzga primero el caso civil? Estas complicaciones existen, y requieren un trabajo muy cuidadoso del legislador para no terminar legislando en términos populistas, afectando un sistema cuyo funcionamiento general ha sido positivo.