Después de algunas dudas iniciales, el Gobierno parece haber definido una hoja de ruta para los proyectos educacionales. Enviaría primero en abril su iniciativa sobre carrera docente, luego su propuesta de desmunicipalización y, finalmente, en el segundo semestre su proposición sobre gratuidad. El primero de estos proyectos es el que genera más acuerdo en el país. Para seguir progresando en educación se requiere asegurar profesores mejor preparados y motivados con el ejercicio docente. Una dimensión relevante para concretar este objetivo es el diseño de una carrera profesional atractiva. Obviamente, ella no solo debe estar al servicio de los docentes, sino que principalmente de nuestros estudiantes y de sus aprendizajes. La clave está en lograr un adecuado balance entre ambos propósitos. Por eso es indispensable identificar entre las personas que se interesan en esta profesión a aquellas que tienen las mayores posibilidades de agregar aprendizajes a nuestros niños y jóvenes. Un primer desafío de la carrera es, entonces, lograr un mecanismo apropiado de selección. Al respecto, las opciones son diversas y se debe elegir el camino que aumente la posibilidad de tener buenos docentes en las diversas salas de clases en el país.

Un segundo aspecto son las condiciones laborales que se deben ofrecer, y aunque el salario no es el único factor a considerar, es importante que esté en línea con los que se podrían obtener en profesiones alternativas. Es relevante reconocer que en esas disciplinas los salarios suelen crecer más rápido que en la profesión docente. Si se quiere atraer a jóvenes con potencial de ser un buen profesor, seguramente sus salarios deben crecer más rápido que en la actualidad. Por lo demás, ello es compatible con el hecho de que la curva de aprendizajes de los docentes se concentra al comienzo. Este hecho obliga a incorporar nuevas responsabilidades y desafíos profesionales a los profesores con más experiencia para permitir que sus salarios puedan seguir creciendo.

Ahora bien, la carrera docente debe tener un lugar para la gestión del director de cada establecimiento. El liderazgo directivo es fundamental en el logro de una escuela efectiva. Si en la elección o desvinculación de un docente, o en algunas definiciones clave de su carrera, el director no tiene participación, la posibilidad de hacer realidad esa escuela se debilita. Asimismo, cabe preguntarse cómo esta carrera es compatible con la nueva estructura organizacional que se quiere promover para la educación pública. El estatuto docente es de carácter tan centralizado que ha dificultado hasta ahora la gestión local en educación. Ese error no se puede repetir.

La desmunicipalización será difícil de implementar. La creación de estructuras intermedias que tengan legitimidad democrática, que en el caso de la educación parecen necesarias, no es una tarea fácil. El riesgo es que se centralicen y sean poco receptivas a las comunidades educativas. Hay que evaluar, por tanto, la conveniencia de asegurar un papel relevante de los alcaldes en la gestión de las nuevas organizaciones de educación local, sin perjuicio de que ellas se puedan alejar de su dependencia administrativa directa. En esta materia puede convenir un cambio mucho más gradual de lo que puede haberse ideado originalmente.

La política de gratuidad en educación superior tiene sus propios desafíos. Desde luego, habiendo prioridades en otros ámbitos de la educación, como carrera docente y fortalecimiento de la educación escolar pública, y con recursos limitados, posiblemente menos de los que anticipó la autoridad dada la probable revisión a la baja de nuestro crecimiento potencial, parece pertinente reevaluar la conveniencia de la gratuidad universal. Por lo demás, la población -de acuerdo a diversas encuestas- siente que la gratuidad solo debe asegurarse para los más necesitados. Pero, además, de implementarse la gratuidad, es difícil imaginar un criterio razonable para definir los aranceles que deberán aplicar las distintas instituciones. De hecho, las transferencias en los países donde existe gratuidad o en que una parte relevante de sus instituciones no cobra aranceles terminan siendo bastante arbitrarias y los criterios de asignación de los recursos, muy discutibles.