Señor Director:

Es un dato conocido que la población con síndrome de Down ha disminuido considerablemente en ciertos países desarrollados del mundo. Y el motivo no es porque su genética haya cambiado, sino que la respuesta tiene un nombre claro: aborto, el supuesto "derecho" a permitir la interrupción arbitraria de un embarazo, limitando la llegada de personas que tienen mucho que aportar.

Solo por citar un ejemplo, en 2006 en España se registró 55% menos de casos de síndrome de Down que en 1980. Este descenso ha sido aún más drástico en el caso de los recién nacidos cuyas madres son mayores de 35 años: 85% menos; llegando a una cifra tan baja, que está al borde de ser considerada dentro de las "enfermedades raras" en ese país.

La razón de la mayor reducción entre las madres con más edad radica en que por ser el grupo etario con más riesgo, se les ofrece de forma sistemática la realización de una amniocentesis, con estudio citogenético, que es la prueba diagnóstica más certera. La mayoría de ellas acepta este procedimiento invasivo que presenta un riesgo de aborto espontáneo de entre el 0,5% y el 1%, y cuando se detecta la anomalía, el 95% de esas mujeres opta por el aborto, invocando la inviabilidad fetal o la incompatibilidad con la salud.

Las primeras leyes aprobadas relativas al aborto en muchos países del Viejo Continente tuvieron como argumento inicial justamente la inviabilidad fetal en la misma forma como hoy se presenta en nuestro país. El paso del tiempo facilitó la interpretación amplia del mismo texto, permitiendo el aborto a hipótesis no directamente consideradas en el inicio.

Estas torcidas maneras de aplicar la legislación de aborto no deben sorprendernos, algunas de ellas ya se dieron en nuestro país. En la década de los setenta, en Chile se practicaron miles de abortos en hospitales invocando el aborto terapéutico, ya que se interpretó que el solo hecho de negarle el aborto a una madre ponía en serio riesgo su vida por la posibilidad de que ella optara por hacerlo fuera del hospital.

No debemos ser ingenuos. El proyecto de ley que hoy se tramita en el Parlamento sí presenta un riesgo de que se pueda abortar cuando esté en gestación un niño con síndrome de Down. No de manera explícita, es cierto; pero al igual que en tantos países europeos, su sola aplicación podría terminar por permitir abortos en estos casos, aun basados en argumentos que no están indicados en la ley de origen.

En Chile hay 2,5 niños con síndrome de Down por cada 1.000 nacimientos, esto significa que al año nacen entre 500 y 600 niños con este síndrome. La principal amenaza hoy de estos niños, jóvenes y adultos no solo es la discriminación, sino también que no se les proteja y defienda con especial convicción antes de nacer.

Hoy conmemoramos el Día Internacional del Síndrome de Down. Ojalá empecemos a darle más contenido a aquella idea de sociedad inclusiva que tanto predicamos. Nuestras leyes deben amparar desde el primer momento a todas las personas, sin importar cuántos cromosomas tengan ni cuán distintas sean sus capacidades.

Nicolás Monckeberg Díaz
Diputado RN