Quienes han pedido que las universidades hagan una autocrítica relativa a la formación ética de sus egresados, han abierto un interesante tema de discusión. Pero quizás no saben con qué chichita se están curando.

El diputado Giorgio Jackson pide una autocrítica a su propia universidad. Ha dicho que "yo esperaría que se asumiera por parte de la Universidad Católica una postura crítica, una visión autocrítica para poder mejorar la formación de profesionales, porque, mal que mal, es una de las mejores universidades en términos académicos y uno también lo esperaría en términos de valores republicanos, probidad y transparencia".

Excelente. Si Jackson quiere ser consecuente, tendrá que defender ahora con la mayor energía la autonomía de cada proyecto educativo, porque eso significa la petición que ha hecho a su propia universidad. Solo es posible que cada corporación de educación superior sea responsable de la formación ética de sus alumnos si nadie -ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni los partidos, ni las empresas- obliga a una institución a someterse a esa neutralidad moral que se disfraza de pluralismo ni, mucho menos, a un proyecto de control centralizado.

En buena hora los mismos que antes se quejaban de que algunas universidades recibían los dineros de los contribuyentes a través del Estado para llevar a la práctica proyectos propios y excluyentes, ahora les exigen a esas instituciones que sean estrictas en la aplicación de sus propios criterios éticos. Antes pedían que se les quitara el financiamiento por ser sesgadas; ahora les demandan que sean exigentes para implantar un determinado proyecto formativo. Vaya cambio el que se ha operado, si en realidad están por la ética y no la están simplemente invocando por razones de conveniencia circunstancial.

No costará mucho saberlo.

Jackson, Boric, Vallejo y Cariola tienen sus correlatos en algunas federaciones y centros de alumnos. ¿Qué se esperará de unos y otros, de los diputados y de sus clones, en los próximos debates?

En primer lugar, que reconozcan abiertamente el derecho que cada universidad tiene a ofrecer un plan de formación ética que se exprese tanto en la malla curricular como en los requisitos de comportamiento personal que se les pide a sus profesores, a sus funcionarios y a sus alumnos. Ya no será aceptable que las izquierdas clamen en el nombre de la ética contra los ex alumnos empresarios, mientras impiden que se enseñe y exija el bien moral a los alumnos de todas las carreras.

A continuación, que denuncien con igual ardor las faltas éticas que en el pasado reciente han cometido titulados de muy variadas universidades. Los casos Arcis y Caval involucran en los últimos meses a profesionales universitarios de corporaciones que se precian de formar en la ética laica a sus egresados, pero ningún reproche se ha manifestado a las corporaciones en que han estudiado los responsables de esas situaciones. Quizás ese silencio se deba a un tácito reconocimiento a la superioridad de la ética cristiana, mucho más exigente y expuesta a reclamos, por lo tanto. O quizás se deba solo a que las derechas siempre son malas, hagan lo que hagan, y las izquierdas siempre son buenas, por definición.

En tercer lugar, que ajusten su propia actuación a esa ética que dicen defender con tanto ardor. Eso implicará que unos y otros -diputados y dirigentes estudiantiles de izquierda- deberán ser fieles a la verdad, participar con respeto en los diálogos democráticos, evitar presiones indebidas para obtener beneficios de corto plazo y reconocer que con frecuencia actúan solo para ayudar a sus partidos.

En esas condiciones, no es fácil para ellos esto de la ética.