Señor Director:
El artículo de opinión del presidente de la Corte Suprema,
publicado el martes, me ha sugerido las siguientes reflexiones:
En primer lugar, lo encuentro bastante vago. Así, por ejemplo, habla de la transformación silenciosa que el Poder Judicial ha emprendido recientemente para entrar en los ámbitos de la modernización, proceso que habría sido liderado en gran parte por la propia Corte Suprema, pero no especifica en qué ha consistido tal transformación. Desde luego, la modernización viene desde mucho más atrás; fue ella uno de los fines de la Asociación Nacional de Magistrados. Incluso recuerdo que la asociación propiciaba que se facultara a la Corte Suprema para enviar proyectos de ley relativos a los tribunales.
El presidente de la Corte Suprema habla de un acuerdo nacional para la Modernización de la Justicia en Chile, pero tampoco aclara entre quiénes y en qué consistiría, porque es evidente que no es posible de hacerse por legos. He sido testigo de la reforma penal, con la cual no estoy completamente de acuerdo, pero era necesaria. Se terminó con los juzgados de menores y se crearon los tribunales de familia; se crearon los tribunales tributarios y también han existido reformas en lo laboral, y está próxima a estudiarse o a terminar el estudio de una reforma en el procedimiento civil. No puede decirse que no se haya tratado constantemente de modernizar la justicia, no todo lo rápido que uno quisiera, pero quien entiende de derecho sabe que ello no es fácil.
Tampoco en el artículo se aclara quiénes serían los llamados al gran acuerdo nacional del que se habla, porque es evidente que no puede ser una asamblea popular.
Finalmente, aprovecho para hacer una crítica a la Corte Suprema, que actualmente, y diría que desde hace algún tiempo a esta parte, está sentando precedentes peligrosos. Tomo como ejemplo el recurso de protección que interponen los beneficiarios de isapres a quienes les alzan las cotizaciones. Este recurso no procede sino en los casos que contempla la Constitución Política (este no es uno de ellos) y, no obstante, la Corte Suprema ha validado su tramitación, a pesar de que no debieran ser admitidos, por improcedentes. Hay otros casos, como el de las calificaciones de los funcionarios que omitiré en aras de la brevedad. Y esto lo hacen a sabiendas.
Esto último me parece gravísimo porque es el máximo tribunal de la república el que está infringiendo la ley. Uno se pregunta, ¿hasta dónde llegaremos por este camino? ¿Qué garantía me da el Poder Judicial si no tengo certeza que se me va a aplicar la ley, sino lo que le parece justo al juez?
Un Poder Judicial autónomo, pero enmarcado en las normas constitucionales y legales es esencial en una democracia. Confío en que así lo piense nuestra Corte Suprema.
Raquel Camposano Echegaray