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Editorial
Viernes 06 de marzo de 2015
Petrobras: crisis y oportunidad
No es primera vez que -por el tema de la corrupción- Brasil pasa por difíciles momentos que remecen su institucionalidad democrática.
Al entregar la lista de 54 políticos que quiere investigar, el fiscal a cargo del caso de corrupción en Petrobras remeció el escenario brasileño, pero le dio un respiro a la Presidenta Dilma Rousseff, que, según la prensa, quedó al margen de la indagación. Esto, porque a pesar de que Rousseff estuvo a la cabeza del directorio de la petrolera estatal durante parte del período en el cual funcionó el esquema que implica a empresarios y políticos brasileños, no puede responder sino por irregularidades cometidas durante su presidencia. Sin embargo, tres de cada cuatro brasileños no creen que desconocía lo que pasaba -muchos piensan que a lo menos demostró negligencia en ese cargo-, y en las redes sociales se inició una campaña que promueve una petición de juicio político.
Apenas tres meses después de asumir su segundo mandato, para la Presidenta era clave evitar que las acusaciones llegaran a su puerta y así poder impulsar las urgentes reformas económicas que buscan devolver a un alicaído Brasil a la senda del crecimiento y del control de la inflación.
El escándalo de Petrobras hasta el momento había implicado a funcionarios de la estatal, a agentes privados que actuaron para lavar dinero y a importantes empresarios de la construcción que ganaron licitaciones con sobreprecios, desviaron fondos a terceros y, según las acusaciones, a partidos políticos de la coalición de gobierno, especialmente el PT de Dilma y sus aliados del PMDB. Todo ello por un monto de 4.000 millones de dólares en diez años. El pedido de investigación abre una nueva arista política al caso, pues si bien no se conoce quiénes podrían ser investigados, los medios han filtrado nombres de diputados y senadores, incluidos los presidentes de ambas cámaras.
No es primera vez que por el tema de la corrupción Brasil pasa por difíciles momentos que remecen su institucionalidad democrática. En 1992, Fernando Collor de Mello debió renunciar para evitar el juicio político, si bien más tarde la justicia lo absolvió de los cargos. En 2005, durante el gobierno de Lula da Silva, se destapó el "Mensalao", sobre pagos ilegales a legisladores, que afectó a parte de la clase política, y terminó en un juicio de siete años, con 25 sentencias a legisladores, publicistas y banqueros. La democracia de Brasil sobrevivió a ello, hizo cambios, pero no erradicó el mal de la corrupción, como lo demuestra este caso que envuelve a la mayor empresa del país, abierta a la bolsa en Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, y que contribuye con casi el 12% del PIB del país.
Esta es una excelente oportunidad para aunar esfuerzos en favor de modificar la manera de hacer política, verificar si las leyes existentes son suficientes para contener los malos hábitos, sancionar ejemplarmente a los culpables, revisar las reglas que rigen a las empresas estatales y, por qué no, su misma existencia. Si Dilma consigue hacerlo, realizaría una gran contribución a la estabilidad institucional y a la transparencia de la política en Brasil.