El fin del superciclo de los commodities ha sembrado un manto de dudas respecto del ritmo de crecimiento económico que el país pueda mantener hacia el futuro, y, como consecuencia de lo anterior, de su capacidad para generar riqueza y bienestar para la población. Esto cobra especial significado si se considera que las promesas que el Gobierno ha hecho a la población en materia de educación, salud y previsión requerirán de enormes recursos del Estado. En efecto, como estos provienen fundamentalmente de los impuestos, su disponibilidad depende de que la economía crezca con vigor. Cuando los recursos naturales pierden importancia relativa, ese crecimiento necesariamente tendrá que provenir -además de la capacidad de los agentes económicos para agregar valor a los recursos naturales que, de todos modos, formarán parte de la economía nacional- de actividades complementarias y adicionales a las anteriores, que surjan de la sofisticación productiva que se logre tanto en bienes como en servicios.

Nuestra economía ha alcanzado en el último tiempo niveles de complejidad y competitividad en actividades como alimentos, servicios financieros y retail , que están más allá de la industria extractiva misma, que permiten ser moderadamente optimistas al respecto. Pero incluso la propia minería, la gran fuente de recursos del país en los últimos 12 años, se ha visto obligada a procurar incrementar su productividad mediante la generación de valor agregado en una buena parte de su cadena de suministros, ante el escenario de descendientes leyes de mineral y aumento generalizado de costos que enfrenta.

En el mundo global en el que nuestro país está inserto, el aparato productivo debe estar fuertemente orientado a la innovación para bajar costos o agregar valor; de lo contrario, no le es posible mantener su competitividad. Asimismo, cualquiera sea el sector productivo de que se trate, la digitalización de la información que este genere, así como su procesamiento en tiempo real, pasan a constituirse en elementos fundamentales de su actividad. La combinación de innovación y utilización de tecnología de punta, necesaria para poder competir en la sociedad contemporánea, es lo que impulsa a una economía abierta como la chilena a generar valor agregado, aun cuando esté concentrada en recursos naturales. Como resultado de lo anterior, y de la interconexión que las distintas actividades tienden a establecer, nuestro país puede exhibir niveles de sofisticación tecnológica y de procesos en diversos ámbitos, que contrasta con la imagen que su dependencia de los recursos primarios podría sugerir.

Así, la capacidad para producir explosivos, tolvas, talleres de mantención de última generación y otros suministros que exhibe la minería; el nivel de desarrollo que ofrece la industria alimentaria de exportación en sus más diversas facetas; las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que el país ha creado, que incluso han atraído a inversionistas extranjeros; el impresionante desarrollo del retail -supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, farmacias y tiendas de conveniencia, entre otros-, cuya complejidad organizacional es normalmente invisible al público, muestran que, progresiva y silenciosamente, el sector privado nacional ha ido agregando valor en los bienes y servicios que ofrece.

Sin embargo, ese proceso requiere de un sustrato institucional y de un clima social que incentiven a los agentes a participar, lo que no ocurre si la actividad privada está fuertemente cuestionada. De allí la importancia de que la autoridad y la opinión pública distingan las malas prácticas de las bondades que una economía abierta, competitiva y libre es capaz de generar.