Señor Director:

En una columna del ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena publicada ayer, relativa a la posibilidad de delegación de facultades del fiscal nacional a fiscales adjuntos en el caso Penta, y en la que alude a una opinión mía sostenida en "El Mercurio", insiste en su interpretación formalista. Esta vez, sin embargo, echa mano a la "historia de la ley".

Lamentablemente, tanto mi opinión anterior como la historia de la ley son leídas de manera parcial o proveyéndole una valoración, a mi juicio, inadecuada. Esto, porque también he sostenido que el art. 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOMP) constituía una norma extraordinaria y excepcional, que tendría como principal objetivo garantizar a la sociedad y los involucrados no solo una mejor posición de la causa desde el punto de la eficiencia, sino además garantizar mayor objetividad, autonomía e independencia. Sin embargo, a diferencia de lo que sostiene el ex fiscal, me parece que su interpretación formalista terminaría por lograr el efecto contrario del perseguido por el legislador (interpretación teleológica): esto es, ganaría en autonomía e independencia, y perdería en capacidad de trabajo investigativo.

Si de lo que se trata es de proveer a la norma un sentido funcional y sistemático, debería interpretarse de manera tal, que no se entienda prohibida absolutamente la delegación a fiscales adjuntos, sino solo como una limitación a funciones menos críticas, tales como concurrir a audiencias (principio de unidad de acción, art. 2 LOMP), dar órdenes a las policías respecto de ciertas medidas de investigación, tomar declaraciones, negociar con la contraparte, etcétera.

Una interpretación contraria llevaría al extremo de que el fiscal nacional tendría la facultad de delegar mayores funciones investigativas a las policías que a los propios colaboradores de su confianza.

Gonzalo García Palominos
Profesor Derecho Penal
Universidad de los Andes