El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha producido un interesante documento que estudia críticamente los actuales planes de infraestructura pública. El trabajo usa ejemplos de proyectos que los autores suponen beneficiosos para la sociedad para promover cambios metodológicos al sistema de evaluación social de inversiones públicas. Según el documento, el esquema actual de evaluación nos ha dejado con un déficit de infraestructura que se debe resolver para alcanzar los objetivos de desarrollo nacionales.

El texto da como uno de sus ejemplos el proyectado tren de alta velocidad entre Santiago y Valparaíso. Este proyecto no es viable bajo las actuales reglas de evaluación social de proyectos, pero el trabajo señala que esos cálculos omiten algunas ventajas del proyecto, tales como reducción en la contaminación, desconcentración y otros beneficios. Se requiere, según el CPI, que los proyectos se evalúen en términos de alcanzar los objetivos globales del país, y no en forma aislada, como se hace hasta ahora.

Un segundo punto del documento critica la forma en que el Estado construye sus obras propias, con poco gasto en estudios previos que generen buenos proyectos. Esto redunda en aumento de costos y en obras de poco alcance y que pueden tener una corta vida útil. Además, los proyectos se realizan con poca interacción con la ciudadanía, la que luego exige modificaciones que son de alto costo cuando la obra ya está en construcción.

En otro aspecto, los autores proponen que los inversionistas institucionales puedan invertir en proyectos tales como hospitales y cárceles (y no solo en carreteras de peaje). Con todo, no hay que olvidar que para estos proyectos, todos los ingresos provienen del Estado, por lo que las AFP estarían prestándole al Estado. Esto ya lo hacen, con sus inversiones en bonos del Banco Central, y la propuesta es una forma de elevar las inversiones de las AFP en lo que son, en la realidad, pasivos fiscales.

En general, se trata de un esfuerzo de análisis interesante y que contiene ideas valiosas.

Desde hace mucho tiempo -por ejemplo- se percibe la necesidad de incorporar factores adicionales a la evaluación social de proyectos. La dificultad consiste en hacerlo sin eliminar las barreras del sistema actual a las inversiones inútiles. Una cosa que distingue a Chile de muchos países, incluyendo a la mayor parte de las naciones europeas y a Japón, son los pocos ejemplos de proyectos que son elefantes blancos.

Al respecto, sin embargo, el documento aporta pocas luces, con una referencia más bien genérica a "incluir ponderadores que reflejen las prioridades nacionales". Este aspecto no puede subestimarse y hay que pensar en las regulaciones y mecanismos institucionales que minimicen esos riesgos. De otra manera, estos ponderadores pueden ser muy arbitrarios y sujetos a presiones políticas y corporativas, lo que podría llevar a inversiones en infraestructura poco rentables para la sociedad.

Esta valiosa iniciativa puede complementarse con un esfuerzo adicional de análisis -más distante de la industria-, para tener una visión más global sobre el problema de la asignación de los recursos públicos en materia de infraestructura.