En los inicios de la República, una parte relevante de la educación provista por el Estado, particularmente la primaria, tuvo un carácter descentralizado y la responsabilidad recaía en los municipios. Gradualmente el Estado central fue haciéndose cargo de ella hasta que durante el siglo XX asumió, salvo casos muy puntuales, el control total de la educación estatal. Durante el régimen militar esta situación se modificó y toda la educación del Estado volvió a manos de los municipios en el período comprendido entre 1981 y 1986. Esta estrategia de descentralización era una tendencia global en esos años, recomendada por instituciones internacionales como el Banco Mundial. De hecho, en muchos países la educación estatal está inserta en el ámbito municipal. Hay otros que tienen modelos alternativos, aunque también son de carácter descentralizado. Por ejemplo, en Canadá y en la mayoría de Estados Unidos los planteles públicos están en manos de distritos que son independientes de los municipios. En Nueva Zelandia y en algunas provincias australianas, ellos son administrados por consejos directivos con fuerte participación de los padres.

Es difícil dilucidar las ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos, pero hay acuerdo en que quizás lo más importante es que existan suficientes competencias y capacidades instaladas en cada una de las organizaciones responsables de administrar los colegios y en sus equipos directivos. Uno de los problemas que tuvo la descentralización de la educación en Chile fueron las insuficientes competencias que había en los municipios y en los propios establecimientos escolares para hacerse cargo de los desafíos que involucraba este proceso. No es que esta existiese en el nivel central y, de hecho, los problemas del Estado docente eran innumerables. La democratización de los municipios en los 90 tampoco mejoró la rendición de cuentas hacia la población, ya que no se han construido hasta el día de hoy indicadores que permitan evaluar el desempeño comparado de los alcaldes en educación. A ello se suma que el alcalde es evaluado por un conjunto de prestaciones públicas, y no solo por su labor en educación, y que el Estatuto docente dificulta sus gestiones.

Ahora se está pensando en una forma alternativa de organización de la educación estatal, pero parece excesiva la confianza que se coloca en este cambio institucional para mejorar su calidad. No hay certeza de que este logre instalar las competencias y capacidades para conseguir transformaciones profundas y duraderas en este subsector educacional. Así, podrían invertirse importantes recursos en estas modificaciones sin mayores impactos en sus desempeños o en la recuperación de la confianza hacia esta educación por parte de padres y apoderados. Es cierto que también se quiere legislar un proyecto de carrera docente que indudablemente es complementario de este esfuerzo, pero quizás es esta iniciativa, más que la otra, la fuente de mejoras potenciales. En ese sentido, la estrategia que siga el Gobierno debe equilibrar adecuadamente los esfuerzos para maximizar la posibilidad de impactos positivos sobre la educación y evitar disputas sobre asuntos de escaso efecto. Más todavía, teniendo en cuenta que los alcaldes parecen cada vez más renuentes a aceptar sin más la desmunicipalización.

Así, puede ser mucho más conveniente darle más autonomía a la educación al interior de los municipios, asegurando al mismo tiempo las capacidades de los equipos superiores, desarrollar buenos indicadores de desempeño, facilitar la asociación entre municipios y lograr mejores sistemas de apoyo a los distintos planteles, entre otras medidas, que aventurarse en una transformación institucional de efectos inciertos. Ello permitiría, además, concentrar los recursos, que siempre son escasos, en el proyecto de carrera docente, que a juicio de los expertos tiene mayores posibilidades de cambiar el rumbo de la educación chilena.