En las últimas semanas, y en circunstancias confusas, tres carabineros han muerto a balazos en las cercanías de la frontera norte del país. Mientras el primer hecho, ocurrido en enero, ha sido preliminarmente relacionado con bandas que roban animales, el segundo, ocurrido hace pocos días, habría sucedido a un procedimiento originado en una denuncia de tráfico de drogas.

En primera instancia, cabe plantear la necesidad de corregir los protocolos de los procedimientos y reforzar el control sistemático de su cumplimiento. El general director de Carabineros ya ha instruido que las patrullas estén integradas por a lo menos tres carabineros -en el último caso el carabinero iba solo- y pidió mayor control por parte de los jefes operativos en relación con el cumplimiento de protocolos ya existentes.

Por otra parte, y en segundo lugar, es de esperar que se resuelvan los casos y de cara a la ciudadanía, no solo penalmente, sino que también administrativamente, pues es necesario conocer las razones detrás del incumplimiento de los protocolos, y demostrar que son la excepción.

Y, en un tercer nivel, es necesario plantear que el tráfico de drogas es desde hace ya varios años un problema en nuestro país, y hay expertos que plantean que las rutas de tráfico desde los países productores -Colombia, Perú y Bolivia- se intensificarán hacia el sur del continente, tanto para consumo interno, como exportación a mercados europeos y asiáticos. La actividad criminal de grupos organizados en torno a un negocio, como lo es el tráfico de armas, drogas, metales de alto valor, trae consigo la amenaza de la corrupción de las instituciones del Estado, la violencia resultante de la resolución de disputas, y toda clase de otros delitos asociados o cometidos por personas que viven al margen de la ley.

El Plan Frontera Norte fue un primer paso necesario e importante, pero tardío. La magnitud de estos desafíos requiere de una respuesta del Estado de igual calaña: la creación de una estrategia nacional contra el tráfico de bienes ilícitos. Esta debe establecer objetivos generales y específicos claros y concretos, un diseño coherente de inversiones y acciones en el tiempo, y un sistema de indicadores para monitorear sus efectos, y basarse en diagnósticos empíricos tanto de los mercados ilegales como de las fortalezas y debilidades institucionales, y el conocimiento de iniciativas comparadas fallidas y exitosas.

Pudiendo diferenciar acciones según bienes específicos, el control de la frontera debe estar contemplado, pero no ser el único foco. En un país como Chile, costero y con contadas rutas terrestres internas, igual o más importantes son otros puntos o instancias de control, y no solamente policiales. El problema es serio y está creciendo.