En nuestro país, miembros de diversas organizaciones internacionales y centros de estudios como la OCDE, además de líderes de opinión, dan constantes recomendaciones sobre políticas públicas, comparando con países de alto nivel de desarrollo como los nórdicos. Pero un tema que usualmente no es mencionado y ha quedado atrás, tanto en debates como en propuestas, son las mejoras a nuestras instituciones y su autonomía, las cuales no están a la altura de esos países mencionados.
La opinión de que las instituciones juegan un rol fundamental en el desarrollo de los países, así como su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos residentes, es transversal. Académicos como el nobel de Economía Douglass North, o James Robinson y Daron Acemog {breve} lu, autores de "Por qué fracasan los países", destacan que sin instituciones bien establecidas, eficientes e inclusivas, es muy difícil lograr un país con altos estándares de calidad de vida.
En la actualidad se extraña una propuesta sobre reales mejoras institucionales, ya que el gobierno actual, incluso considerando las últimas modificaciones en esta materia, ha continuado con la lógica de los años ochenta de mantener o generar instituciones, organizaciones y entes reguladores que dependan de un ministerio o gobierno de turno. Esto implica que en las intervenciones públicas que realizan los directores o funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, o del Servicio Nacional del Consumidor, sean acompañados o estén avalados por el ministro de turno, aunque en la actualidad más parecen depender del Ministerio Secretaría General de Gobierno o del segundo piso de La Moneda.
Los escándalos políticos o económicos generan una mayor brecha entre los ciudadanos con el Gobierno y Parlamento, y esto tiene claras repercusiones negativas en la confianza en las instituciones. También ocurre esta brecha cuando en el proceso de definir los encargados de investigar irregularidades donde se ven involucrados actores de la clase política, rápidamente aparecen miembros de los otros poderes del Estado para defenderlos antes de cualquier proceso o investigación, o son asignados fiscales afines a sus partidos, familiares directos de correligionarios políticos o amigos. Todo esto genera controversia y desconfianza tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo y Judicial, y se extiende hacia las instituciones en general.
Estos cuestionamientos hacia los distintos poderes e instituciones son caldo de cultivo para movimientos populistas, nacionalistas o basados en ideologías con reconocidos fracasos durante la historia. Es por ello que no sorprende la aparición de Podemos en España o la victoria de Syriza en Grecia, que son fiel reflejo de la desconfianza, el descrédito de la política, o la falta de partidos e instituciones bien establecidos.
Para tener instituciones más robustas, es importante crearlas con un mayor grado de autonomía, donde el director del ente regulador o fiscalizador no dependa de la discrecionalidad del ministro, o del equipo político o comunicacional del gobierno de turno. El proyecto de crear una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas parecía ir en la línea de crear nuevas instituciones para poder generar mayor evaluación y fiscalización del funcionamiento del Poder Ejecutivo, pero lamentablemente fue retirado apenas un par de semanas después de asumir la actual administración.
El desarrollo de un país no puede superar el nivel de desarrollo de sus instituciones, y en nuestro país las reformas institucionales, en particular aquellas relacionadas con los entes reguladores y fiscalizadores, siguen siendo una deuda pendiente, debido a los dividendos políticos y comunicacionales que busca el ministro o gobierno de turno.
Para alcanzar realmente el desarrollo no basta con mejorar el crecimiento económico o realizar más reformas tributarias. Este proceso tiene que ir de la mano con instituciones que generen confianza, con autonomía y transparencia, de otra manera los cuestionamientos y conflictos de interés seguirán en el espectro público. Es de esperar que se logre hacer -o al menos proponer- una gran reforma institucional que permita avanzar en instituciones fiscalizadoras con mayor autonomía, como una Agencia de Calidad de Evaluación de las Políticas Públicas, para lograr realmente instituciones del siglo XXI.
Álvaro Bellolio