Cifras oficiales entregadas por la Fiscalía Nacional a este diario confirman que el Ministerio Público se encuentra virtualmente cerrado al ingreso de abogados que no pertenezcan ya a su personal. En los últimos cinco años (2010-2014), se incorporaron a él por concurso público 257 fiscales, pero solo tres fueron externos. El resto lo integran profesionales que eran fiscales adjuntos, asistentes de fiscal, fiscales adjuntos jefe, antiguos abogados asesores, un jefe de Recursos Humanos y otro de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos.

Esto denota un completo apartamiento de lo buscado cuando se modernizó la justicia penal. La historia fidedigna de la legislación conducente a establecer esta institución nueva muestra que deliberadamente se quiso evitar en las fiscalías una "carrera vitalicia". Por el contrario, se quiso atraer constantemente y con renovación rápida a las jóvenes generaciones de abogados talentosos, a un empleo profesionalmente desafiante y con remuneraciones muy competitivas para alguien que inicia su carrera, y para quienes esa experiencia sería probablemente de muy alto valor para ulteriores desempeños en otras áreas del derecho. En suma, un modelo beneficioso para el país, enriquecedor y rejuvenecedor para todas las partes. Así lo han recordado los académicos especialistas que actuaron en el diseño original del sistema.

Este estancamiento en la renovación, que fácticamente excluye la selección abierta, mueve a preocupación por el curso futuro de esta institución. Ella debía ser el más dinámico factor de actualización constante de nuestro sistema penal a las cambiantes condiciones sociales y de las ciencias jurídicas. Por cierto, no cabe excluir la promoción como reconocimiento al buen desempeño, pero naturalmente se quiso que, para mejor servicio al país, ella compitiera con las capacidades de la sangre nueva que en gran número egresa de las escuelas de derecho.

La Asociación Nacional de Fiscales discrepa de esta visión y propicia una carrera funcionaria, lamentando que, en su ausencia, el Ministerio Público pierda capacidades experimentadas. Pero el nuevo sistema penal siempre previó un alto grado de recambio, considerando que el Estado no podría aumentar sostenidamente el alto nivel de remuneraciones planteado cuando se lo creó, para atraer a los mejores y evitar una selección negativa. Dicha asociación plantea que para abrir masivamente el Ministerio Público a profesionales externos debería crearse una Academia de Fiscales, similar a la Academia Judicial. Pero esta fórmula supone que solo los actuales fiscales saben cómo desempeñarse adecuadamente, lo que excluye la innovación permanente que se buscó. La experiencia comparada, con otros mecanismos de reclutamiento, no abona esta posición.