Cuando ya se aproxima la formalización de la investigación contra un primer grupo de imputados, el llamado caso Penta parece haberse convertido también en fuente de tensiones al interior de la Fiscalía. Mientras por un lado el fiscal regional metropolitano oriente, Alberto Ayala, había decidido asumir un rol más público y activo en la causa, desplazando en cierto modo al fiscal Carlos Gajardo, la Fiscalía Nacional disponía que la investigación de la arista Soquimich fuera encomendada a un fiscal regional distinto, el titular de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, Andrés Montes. Ante los cuestionamientos públicos surgidos a raíz del parentesco de Montes con un conocido político de la Nueva Mayoría -es hijo del senador PS Carlos Montes-, el fiscal nacional, entre otras consideraciones, decidió hacer uso de las facultades excepcionales que le confiere la ley y asumir personalmente la dirección de la investigación del caso en su totalidad. Para quienes observan desde afuera, estos cambios y redistribuciones podrían amenazar o incluso restar confiabilidad a los resultados de la investigación.

Sin embargo, lo ocurrido admite una lectura de índole estrictamente institucional y que no parece ser particularmente negativa en cuestiones de fondo. Los fiscales adjuntos, como el fiscal Gajardo, son colaboradores de los fiscales regionales en la investigación de las causas de su competencia. Por lo mismo, el fiscal regional siempre está facultado para interiorizarse de una determinada investigación e instruir la realización de diligencias precisas. Incluso se espera que lo haga cuando, como en este caso, la investigación es de alta connotación o impacto público. Al mismo tiempo, el fiscal Ayala había expresado hace semanas su inhabilidad para investigar a Soquimich, debido a que se vinculó profesionalmente durante años con esa compañía. Ello obligaba a derivar esta arista a otra fiscalía regional, y la unidad más grande y representativa del país es justamente la que dirige Andrés Montes.

El error habría consistido en no prever que la dimensión política de esa arista -donde habría boletas controvertidas relacionadas con políticos de la Nueva Mayoría- iba a provocar el cuestionamiento de Montes debido a su parentesco ya mencionado. Este error se corrigió mediante la decisión del fiscal nacional de asumir personalmente la dirección de la investigación, para lo cual designó un equipo de tres fiscales adjuntos, entre ellos Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, dos de los fiscales que ya venían trabajando en el caso desde hace meses.

Lo que interesa al país es que estos hechos sean investigados a fondo, se apliquen las sanciones correspondientes, y que la justicia dé plenas garantías a todos los involucrados en el proceso, incluyendo naturalmente a los imputados. En este sentido, es importante no perder de vista que las acusaciones más graves son las que involucran cohecho y corrupción de funcionarios públicos.

Es crucial que la actividad del Ministerio Público dé garantías de independencia, pero también de prudencia en los pasos que vienen, pues no es razonable poner en tela de juicio ámbitos completos de la actividad pública sin que existan antecedentes suficientes que lo justifiquen.