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Editorial
Jueves 26 de febrero de 2015
Evaluación de las mediaciones médicas
Es muy posible que sea el proceso de mediación el que logre reducir la ansiedad y la sensación de injusticia que algunas personas sienten ante los fracasos médicos...
Una de las novedades que llamaron la atención de la reforma de salud del año 2005, al crearse el sistema AUGE, fue la introducción de un método de mediaciones médicas que buscaba evitar la proliferación de querellas en contra de los profesionales. Ya en ese entonces comenzaba a perfilarse como un serio problema del sector salud el aumento de las demandas, que se apoyaban en un nuevo concepto de los derechos de los pacientes, así como en las experiencias que se conocen a través de los medios de la alta frecuencia de demandas que se producen en Estados Unidos. Se otorgó entonces a la Superintendencia de Salud, recién creada en ese mismo proceso legislativo, la facultad de resolver las controversias que pudieran surgir entre los beneficiarios de las isapres o del Fonasa y las respectivas instituciones aseguradoras. Al cumplirse casi diez años de su entrada en vigencia, pueden comenzar a sacarse las primeras conclusiones serias de lo que ha sido esta experiencia.
En cuanto a los números, los casos que se han sometido voluntariamente al proceso de mediación alcanzan a cerca de 10 mil en total, y en su inmensa mayoría -cerca de tres cuartas partes- no se ha alcanzado oficialmente una solución. No obstante, de los más de 7.500 casos que han quedado sin acuerdo, solo en una pequeña proporción, que apenas supera el 10%, se ha procedido a presentar una demanda formal en contra de quienes corresponde. Si bien la baja proporción de casos que quedan formalmente resueltos con la mediación pareciera indicar que el método no ha sido eficaz en conseguir su objetivo, el hecho de que solo unos pocos casos se conviertan en juicios parece favorecer la conclusión contraria.
Para una verdadera evaluación del sistema se requeriría más información acerca de los motivos que llevan a los pacientes a litigar y, especialmente, de las razones que los convencen de dejar de hacerlo. Es muy posible que sea el proceso de mediación el que logre reducir la ansiedad y la sensación de injusticia que algunas personas sienten ante los fracasos médicos. Así lo creen quienes han tomado parte en los procesos de mediación, pues han sido testigos directos de muchos casos en que los afectados, una vez que han recibido buenas explicaciones de lo que les ha sucedido, comprenden la situación y se desisten de presentar querellas judiciales.
Las demandas contra los médicos tienen una importancia bastante mayor de la que suele concedérseles. Desde luego, si ellas no están plenamente justificadas, sea por falsas expectativas o por impulsos emocionales, provocan cambios en la conducta de los médicos, quienes terminan practicando lo que se ha denominado medicina defensiva, que consiste en solicitar un exceso de exámenes cuya única finalidad es protegerse de futuras eventuales querellas. Si los fallos judiciales aprueban generosas indemnizaciones, como suele suceder ante la tragedia personal del afectado, los dineros que las cubren provendrán de los presupuestos de salud. De esta forma, el gasto en salud va en aumento, pero los beneficios no son ni para los pacientes ni para los médicos, sino para los dueños de los laboratorios, los abogados litigantes, las compañías de seguro que resguardan a los profesionales y una pequeña proporción para quienes fueron víctimas de errores médicos. Estos últimos existen y a veces ocasionan verdaderas tragedias que merecen una reparación, pero en las sociedades en que se ha puesto el acento en la compensación, se ha generado una verdadera industria de abogados que se dedican a buscar los posibles casos de negligencias o malas prácticas, con consecuencias para todo el sistema de salud.
La ley que en Chile buscaba alcanzar un equilibrio en estas situaciones parece estar funcionando de un modo apropiado y sería de gran interés que se hiciera una evaluación a fondo de sus efectos.