Oportunidad perdida en educación

El Gobierno ha cerrado el año legislativo celebrando su propia capacidad para hacer uso de las amplias mayorías de que goza en el Congreso. Durante estas semanas ha logrado sacar adelante un conjunto de iniciativas cuyo despacho se había autoimpuesto, desde el Ministerio de la Mujer a la regulación de las parejas de hecho. Más discutible es que tal despliegue de fuerza política redunde siempre en soluciones eficaces para los problemas del país, ya sea porque muchos permanecen sin ser atacados o porque en algunos casos las fórmulas aprobadas distan de garantizar un buen resultado.

El caso del proyecto sobre lucro, selección y copago lo ejemplifica. Tratándose de la iniciativa más importante discutida durante el año, el texto despachado no es expresión de un acuerdo político, como lo exigiría una materia de esta trascendencia y como ha sido el signo de reformas educacionales históricas (por ejemplo, la casi centenaria Ley de Instrucción Primaria). Paradójico es que en este tema el Ejecutivo haya desechado la búsqueda de consensos más allá de sus filas que sí llevó a cabo en el ámbito tributario, de indudable menor entidad.

Si ese hecho pone en duda la proyección futura de una reforma de efecto retardado como esta, sus inconsistencias agravan el problema. De ellas, la más evidente son las disposiciones que amenazan el futuro de los liceos emblemáticos, los mejores exponentes que puede mostrar nuestra educación pública, puestos en riesgo en nombre de las banderas de la calidad y de la recuperación del rol del Estado en la enseñanza: ni la propia conciencia de los parlamentarios oficialistas de estar cometiendo un error pudo doblegar la decisión del Gobierno de hacerlo aprobar antes del 31 de enero.

La misma priorización de los cronogramas por sobre el contenido y conveniencia de la legislación puede explicar en parte por qué sectores que van desde la Iglesia Católica hasta reputados técnicos del oficialismo han coincidido en advertir las falencias de esta ley, anticipar su nulo efecto en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y lamentar, como una oportunidad perdida, el desgaste de tiempo y energía dedicados a ella. Tampoco tuvieron gran consecuencia -más allá de algunos ajustes en lo inmobiliario que no han logrado reducir la incertidumbre de los sostenedores- las declaraciones de voluntad por parte de la Democracia Cristiana. Así, el resultado es una normativa que amenaza asfixiar el modelo de educación particular subvencionada sin ofrecer una alternativa satisfactoria a cambio. Una refundación que -como ha descrito el ex ministro José Joaquín Brunner- se lleva a cabo bajo la equivocada premisa de creer que la igualdad significa "aplanarlo todo".

Bonificación dudosa

Si se trata de legislaciones discutibles tramitadas de modo apresurado, la muestra más insólita se pudo constatar en la última semana, con un proyecto aprobado en ocho días para otorgar una bonificación trimestral a los funcionarios públicos de Atacama. Recogiendo una iniciativa originalmente impulsada por los cuatro diputados de la región, el mensaje del Gobierno partía justificando la medida en los efectos que el auge del retail y de la minería han tenido en la región (sin aludir, por cierto, a lo ocurrido en zonas vecinas, como Antofagasta, donde el fenómeno ha sido similar). Esto, para luego admitir que aún no se dispone de un estudio -no hay IPC regionales- que permita tomar una decisión informada, el que se realizaría recién este año.

¿Es esta una forma seria de abordar los asuntos públicos? ¿Es razonable que para financiar este gasto se redestinen los dineros del gobierno regional correspondientes a obras de inversión? ¿Cómo se explica este nuevo beneficio para una región a la que ya la reforma electoral recién aprobada sobredimensiona en su representación política, en comparación con otras zonas de similar población y número de electores? ¿Dónde queda el principio de igualdad tan apasionadamente defendido por la Nueva Mayoría? ¿Tiene sentido para el país ampliar la entrega de bonificaciones más allá de sus zonas extremas, sin atenerse a criterios objetivos que lo sustenten, sino a la sola impresión de algunos diputados? ¿Por qué ningún parlamentario, ni en la Cámara ni en el Senado, votó en contra de un proyecto de tan discutible fundamentación como acelerado trámite? ¿Es esta la manera en que los congresistas conciben su delicada función de defender el interés general del país, asegurando el buen uso de los recursos públicos? ¿Se está sentando así un precedente y cabrá esperar en el futuro nuevos beneficios para distintas regiones, dependiendo de la capacidad de presión de sus representantes?

Más interrogantes

Otros hechos que fueron parte del cierre político del año también suscitan interrogantes. Allí está, por ejemplo, el modo en que el Gobierno informó -tras largo retraso- el resultado de la encuesta Casen, con una presentación dudosa, aparentemente destinada a minimizar los logros de la administración anterior.

En política exterior, aparte de la sorpresiva decisión de retomar conversaciones con Evo Morales, la no formulación de un reclamo oficial ante el trato dado por el Presidente venezolano a un ex Mandatario chileno contrasta con la actitud enérgica adoptada por Colombia ante similar situación.