Señor Director:

He leído, con sorpresa, la rápida y sigilosa tramitación de una ley que redujo la inversión regional de Atacama en $7.581 millones para repartir un bono de $1 millón por persona a un grupo de funcionarios públicos que trabajan en dicha zona. Esta sustitución de inversión por gasto corriente reducirá el programa de inversión regional de Atacama en cerca de 25%, con lo cual cabe preguntarnos qué proyectos no se realizarán, qué poblados no podrán acceder a agua potable y electricidad, qué caminos rurales no se pavimentarán o si la construcción de los centros de atención familiar de Freirina y Chañaral se postergará una vez más. En suma, los habitantes de la Tercera Región deben saber cuál fue el costo de oportunidad del bono otorgado a esos funcionarios públicos. Lo más irónico de este lamentable episodio es que gran parte de dicho bono será gastado en el comercio de Santiago. Todo a costa de la calidad de vida de los más pobres de Atacama.

Tomás Flores