Una vez aprobado el proyecto que terminó con la selección, el lucro y el financiamiento compartido, las preocupaciones han comenzado a desplazarse hacia la implementación de las medidas establecidas en el proyecto. Los plazos en que estas entrarán en vigencia difieren y en algunos casos son prolongados, pero en otros comenzarán a regir a partir del 1 de marzo de 2016. Entre estas se cuentan aquellas que regulan el uso de los fondos de la subvención, la rendición de cuentas de estos recursos públicos y también los que provienen del financiamiento compartido. Que a estos también se los regule, más todavía cuando en la práctica se les aplica un impuesto que funciona por medio de un descuento en la subvención recibida, es una demostración del control que el Estado tendrá en el gasto de los establecimientos subvencionados.

Hay un riesgo, que no parece haberse calibrado bien, de ahogar la gestión de los colegios sobre el que advierte el Área de Educación de la Conferencia Episcopal. En particular, en una declaración, esta sostiene que "se ha sobrecargado la normativa con una innecesaria cantidad de temas económicos, tributarios, patrimoniales, etc." Asimismo, afirma que "la creación de nuevas instancias administrativas y burocráticas hará muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas". La posibilidad de que este proyecto sea un aporte a la calidad, la equidad o la inclusión precisamente se ve reducida por la maraña de normas creadas, toda vez que distrae al sistema escolar de su propósito central, que es el aprendizaje de los niños y jóvenes que asisten a sus aulas e instituciones. Es indispensable monitorear cuidadosamente el impacto de estas normas, de modo de no afectar el normal desarrollo de los diversos planteles escolares.

Un área adicional de preocupación es la implementación del sistema de admisiones. Si bien este comenzará a operar para la admisión del año escolar 2017 e inicialmente solo se aplicará en las regiones de menos de 300 mil habitantes, la redacción contemplada en el proyecto es confusa e imprecisa. Es difícil imaginarse cómo va a operar en la práctica este sistema y ello solo podrá ser zanjado por el reglamento. En una materia tan importante, ello no deja de ser curioso, ya que la redacción de ese tipo de textos está sometida al mismo escrutinio público que el proceso legislativo. Aunque pareciera que el espíritu del proyecto no es promover tómbolas en cada colegio, sino más bien avanzar hacia un mecanismo que coordine las preferencias de los estudiantes de modo de asegurar que estos queden en los colegios preferidos, también hay espacios para interpretaciones alternativas. Todo ello es una demostración del apuro y la falta de propósitos claros con que se legisló en esta materia.

Tan confuso es este proyecto en algunos pasajes que no hay una interpretación común para el mecanismo de selección que se estableció para liceos como el Instituto Nacional. Se ha interpretado que un 30 por ciento de los estudiantes se seleccionaría a través del sistema actualmente vigente, vía pruebas que aspiran a medir las capacidades de los postulantes para soportar un alto nivel de exigencias académicas, y el restante 70 por ciento a través del procedimiento común definido para el sistema escolar en su conjunto. Sin embargo, el primer grupo se elegiría no a partir de una prueba, sino a través de un proceso aleatorio entre estudiantes que provienen del 20 por ciento de mejores desempeños en los colegios o escuelas de origen. En estos casos, y por las características de estos establecimientos que reciben muchos más postulantes que cupos, estaríamos en presencia, en estricto rigor, de dos tómbolas. Es realmente difícil entender la lógica del procedimiento aplicado para estos liceos. Frente a estas situaciones es comprensible la preocupación de la ciudadanía y seguramente la puesta en marcha de este proyecto va a estar acompañada de mucha incertidumbre.