Señor Director:

Es inconveniente prolongar un sistema en que los ciudadanos votan, pero personas naturales y jurídicas que contribuyen al financiamiento de los partidos políticos y sus campañas, eligen. Esa forma de voto censitario es opuesta a la más elemental noción de democracia. Que el Estado financie las campañas electorales se justifica, porque las elecciones libres, informadas y con amplitud de opciones son imprescindibles para el funcionamiento del sistema democrático de gobierno. Muy diferente es proponer que el Estado financie a los partidos políticos, a fin de "evitar los conflictos de interés".

Los partidos políticos están constituidos por grupos que buscan acceder al poder para imponer sus ideas y satisfacer sus intereses, el primero de los cuales es dar puestos en la administración pública a sus militantes. No parece lógico entonces que quienes no comparten esas ideas e intereses deban contribuir a su financiamiento. Por otra parte, que el Estado financie a los partidos políticos ahonda la dificultad de los independientes para competir con ellos.

A fin de transparentar el financiamiento de los partidos políticos, es posible establecer un sistema como el que funciona con éxito en otros países. Allí el ciudadano indica en su declaración de impuestos cuál es el partido de su preferencia, y de acuerdo con la cuota de membresía fijada por este, la paga en conjunto con sus impuestos. La Tesorería de la República la integra entonces a las arcas de los partidos. Ese sistema permite conocer claramente la militancia y los recursos financieros con los que cuenta cada partido, y en qué los invierte. De acuerdo a la ley vigente, esa información debería ser pública, pero no está al alcance ni siquiera de sus propios militantes.

Jorge Schaerer Contreras