La importancia de la ciencia en el mundo contemporáneo está fuera de duda. Su impacto en el desarrollo económico, a través de la creación de conocimiento, y, mediada por la tecnología, en la generación de riqueza, está bien establecido. Por ello, el impulso de la actividad científico-tecnológica es un objetivo que las naciones se plantean como parte de su estrategia de desarrollo integral.

El reciente anuncio de la Presidenta Bachelet, al inaugurar la Comisión Gubernamental para el Desarrollo de la Ciencia, de que una de las recomendaciones que esperaba surgiera de dicha comisión es la de un Ministerio de Ciencia y Tecnología se inscribe en esa lógica. Se ha instalado en nuestra sociedad, particularmente por parte de quienes son actores participantes en los temas que requieren algún tipo de injerencia estatal para su desarrollo, la idea de que la mejor manera de hacerlo es a través de un ministerio. Ello se funda en el hecho de que el rango que la existencia de un ministerio les otorga bastaría para que surjan los fondos, las inversiones y la voluntad política para abordar la búsqueda de soluciones a los problemas que les preocupan.

No advierten quienes así razonan que los ministerios, como todas las organizaciones humanas, están sujetos a las dinámicas de interacción que sus miembros tengan con el resto del aparato estatal; que las motivaciones que ellos manifiesten en su accionar provocarán reacciones en otros, todo lo cual impactará, para bien o para mal, dependiendo de todo lo anterior, en la competencia por recursos escasos que ocurre al interior de un sistema complejo como el gobierno. Por eso, no queda claro que la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología sea necesariamente la mejor manera de promover su desarrollo, o de que este quede integrado armónicamente con el desarrollo integral del país al enfocarlo de esa manera. Por una parte, un Ministerio de Ciencia y Tecnología sería uno más entre una multitud creciente de ministerios, con una importancia disminuida desde su inicio. A su vez, si dicho ministerio se aboca solo al desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin integrarlas con el resto de las actividades con las cuales ellas están encadenadas -formación de capital humano avanzado, innovación, emprendimiento y sector productivo y de servicios-, entonces la capacidad que dicho ministerio tenga para persuadir al resto del país a acompañarlo en su visión se verá muy amagada, y su impacto nacional será mucho más tenue del que se necesita.

De allí que resulte interesante volver a mirar la propuesta que hizo en su oportunidad la Comisión Philippi, convocada por el anterior gobierno, pues ella se hace cargo de esos problemas. El carácter transversal de su conformación, así como el consenso interno que alcanzó y el hecho de que recibiera el apoyo de diversos personeros y organizaciones, entre ellas el Consejo Nacional de Innovación, indican que suscitaba un mayor consenso que el ministerio ahora insinuado. Se trataba de un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior (solo faltó incluir emprendimiento, por razones atendibles en su momento), que tendría gran interacción con un ministerio importante como el de Economía, que incorporaba en su interior los encadenamientos productivos recién mencionados, y que, por lo tanto, resolvía mejor los problemas antes planteados. Al interior del Gobierno no hay un consenso entre los personeros relacionados con esta temática respecto de la conveniencia de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Chile se merece un debate con altura de miras al respecto. Es de esperar que un tema menos ideológico, comparado con otros, no reciba un tratamiento de "aplanadora", y se procure una mirada consensuada para abordarlo, por el bien del país, de su ciencia y de su tecnología.