Como reacción al incremento en las cifras de victimización y delincuencia, la Presidenta Bachelet firmó la semana pasada un proyecto de ley para intensificar el uso de la pena de cárcel respecto del delito de robo con violencia o intimidación. Hasta donde ha trascendido, esta "agenda corta" impediría sustituir el presidio por otra pena como la libertad vigilada durante el primer año de condena, incluso tratándose de personas que son condenadas penalmente por primera vez. En la misma línea, se endurecerían los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios. El enfoque de la propuesta legislativa ha llamado la atención de los especialistas, pues desde hace tiempo se sabe que las penas privativas de libertad, cuando son muy breves, producen más efectos negativos que positivos. Es cierto que hoy día se imponen muchas penas privativas de libertad de corta duración, pero esta situación, que solo se da respecto de los reincidentes, es considerada altamente problemática y a nadie se le hubiera ocurrido extenderla por decreto a los delincuentes primerizos. Por otro lado, los beneficios penitenciarios son dispositivos para favorecer la resocialización. La libertad condicional, por ejemplo, busca premiar la buena conducta del interno y preparar su futura reinserción en la sociedad. Estas herramientas son escasas y su administración es deficiente, pero tiene poco sentido restringirlas aun más y, particularmente, respecto de personas que han sido condenadas por primera vez.

Se extraña un mayor análisis y fundamento técnico en las propuestas que se anuncian. Esa ausencia y el comportamiento, por momentos, errático de las autoridades en materia de delincuencia también influyen en la lamentable situación actual. En la materia no hay tiempo para populismos e improvisaciones, pues las tasas de victimización son extremadamente altas y la delincuencia se vuelve cada vez más sofisticada. Ninguna de las variables que inciden en las tasas de delincuencia puede ser intervenida por sí sola, sin evaluar el impacto de esa intervención en las demás. En ese sentido, es difícil de fundamentar la propuesta del Ejecutivo de enfocarse sobre la delincuencia violenta contra la propiedad y, hasta donde se alcanza a ver, prescinda por completo de las características de dicha delincuencia, que en su gran mayoría procede de menores de edad adictos a la pasta base o a sustancias igualmente tóxicas. Para los jóvenes primerizos que cometen esta clase de delitos, el encierro forzoso y la negación de los beneficios harán que la delincuencia violenta se convierta, desde el primer delito, en un camino sin retorno.

Tanto el actual como el anterior gobierno han impulsado la elaboración de un nuevo Código Penal. Por lo tanto, lo que corresponde es incorporar en ese proyecto todas las modificaciones al régimen legal de las penas y, al menos en líneas generales, de su ejecución. Los atajos en esta materia no contribuirán a resolver los problemas de fondo que enfrenta el país en cuanto a delincuencia.