La reciente aprobación en el Senado de la reforma al sistema electoral, que reemplaza al binominal actual por uno proporcional, incluyó una norma especial que disminuye los límites para la constitución de partidos políticos, rebajando la afiliación mínima desde un 0,5% del electorado a un 0,25%, y desde tres regiones a solo una.

La modificación es el fruto de una negociación entre La Moneda y los senadores Lily Pérez y Antonio Horvath, que a cambio dieron sus votos para que se lograse el quórum especial requerido para el reemplazo del binominal. Aunque varios senadores de la Nueva Mayoría entendieron esto como un cambio transitorio que deberá revertirse dentro de este mismo año, luego que Amplitud se constituya como partido, lo cierto es que no son pocos los movimientos políticos que están en igual situación y que han presionado en la misma dirección. Ahí se encuentran Evópoli, Revolución Democrática e Izquierda Autónoma, todos con representación parlamentaria, además de otros que podrían formar algunos diputados y senadores independientes. Pero también habría que considerar como parte de este escenario a movimientos y a partidos pequeños que buscan reinscribirse, que hoy no tienen presencia en el Congreso.

La norma aprobada permitiría la constitución de un partido en Aysén con solo 94 firmas, mientras que en la Región Metropolitana se requeriría la rúbrica de 6.645 militantes. Lo anterior parece ser una exigencia muy baja, al punto de que un candidato independiente tendría que reunir más firmas para presentar su candidatura que las que necesitaría para constituir un partido.

El interés -y las presiones- de algunos por disminuir los requisitos de conformación de una colectividad política tiene que ver también con el proyecto de ley presentado en diciembre por el Gobierno que reforma el sistema de financiamiento de la política y asegura un aporte fiscal permanente a aquellos partidos que tengan representación parlamentaria.

En perspectiva, la suma de la instauración de un sistema electoral proporcional con el financiamiento público de los partidos políticos y con los menores requisitos para su conformación constituye un poderoso incentivo para fragmentar la política, y eso conlleva un grave riesgo de deteriorar la gobernabilidad del país.