La reciente declaración del subsecretario de Obras Públicas señalando que todas las renegociaciones de concesiones son buenas debe analizarse con detención. Inquieta esta definición de cara a las reuniones del ministro con concesionarios con el objetivo de modificar sus autopistas, renegociando los contratos. Avala esta preocupación el que la página web de la Dirección de Concesiones ya no publique los convenios complementarios que formalizan la renegociación de los contratos de concesiones.

Las estimaciones del monto de las compensaciones por las obras de Costanera Norte (o "Sistema Oriente-Poniente") son del orden de 500 millones de dólares, sin que ni el Congreso ni la ciudadanía tengan información de cómo -durante el gobierno pasado- se llegó a ese monto como compensación por las obras. Lo mismo ocurre con la Ruta Santiago-Los Vilos, en que no hay información de lo que les cuesta a los usuarios la nueva Cuesta Las Chilcas. Los convenios complementarios especifican las obras adicionales contratadas (sin concurso) y las compensaciones por esas obras. El cese de la publicación automática de los convenios complementarios no se condice con los estándares de transparencia que debería utilizar la Dirección de Concesiones.

Las renegociaciones son delicadas y peligrosas porque el ministerio debe negociar con un concesionario que sabe que el tiempo corre a su favor, y que puede adoptar una postura negociadora dura ante un ministro que necesita exhibir resultados en el corto plazo. Esto significa que, a diferencia de una relicitación de una concesión, en que (casi) todos los beneficios van al Estado o al público, aquí deben compartirse con la empresa. Mientras más deseoso de mostrar su efectividad está un ministro, es mejor la posición negociadora del concesionario. Además, existe siempre el peligro de corrupción cuando montos tan elevados están en juego.

La reforma a la Ley de Concesiones de 2010 intenta limitar las renegociaciones o moderar las ganancias que obtiene con ellas el concesionario. El problema es que las concesiones más antiguas no quisieron someterse a las nuevas reglas, y son justamente las que se están renegociando. Es decir, el impulso pro-renegociador del MOP representa un retroceso a un período anterior a la reforma. Y como las compensaciones por las nuevas obras y ampliaciones se hacen mediante aumentos en el plazo de concesión, estas condiciones inequitativas se mantendrán en el tiempo.

En algunos casos, al contrato le resta aún demasiado tiempo, por lo que no hay alternativa a renegociar las ampliaciones. Pero incluso en esos casos se puede mejorar respecto a la situación actual: basta con obligar a que en cada renegociación que alargue el plazo, el concesionario asuma someterse a las condiciones que establece la ley de 2010. Eso reduciría el costo futuro para la sociedad de las actuales renegociaciones.