El Mercurio.com - Blogs : Evaluación e independencia de jueces
Editorial
Domingo 25 de enero de 2015
Evaluación e independencia de jueces
Todo apunta a que los magistrados concentren su labor en estudiar y fallar las causas sometidas a su conocimiento, dejando en manos de otras personas las tareas administrativas, como la calificación y los nombramientos de los jueces...
Uno de los desafíos del Poder Judicial para el año que se inicia es definir si habrá cambios en el sistema de calificaciones de los jueces, y en caso de haberlos, cuál sería su naturaleza y alcance. Desde hace años existe una justificada preocupación en el sentido de que las calificaciones de los jueces, y por lo tanto su carrera profesional, podrían verse influidas por las coincidencias o discrepancias que exhiban sus sentencias respecto del criterio jurídico de sus superiores jerárquicos. Esto puede introducir una merma en la independencia interna de los jueces, algunos de los cuales podrían querer acomodar sus fallos a las simpatías de los superiores más que a sus propias convicciones acerca de lo que, en un caso concreto, corresponde en derecho. Aunque sea discutible si este es uno de los problemas más relevantes que hoy afectan a la judicatura, no cabe duda de que es una materia que vale la pena revisar con cuidado, teniendo en cuenta las experiencias más o menos exitosas de otros países.
Hasta el momento es posible apreciar discrepancias importantes entre los planteamientos que provienen de la Corte Suprema y aquellos que promueve la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) en representación de los funcionarios afiliados a ella. Mientras el supremo tribunal ha propuesto que se encomiende el proceso de calificaciones y nombramientos a un organismo especial interno de gobierno judicial, la ANM aboga por la creación, con rango constitucional, de un Consejo de la Magistratura. La integración de dicho consejo habría de considerar a miembros externos al Poder Judicial, aunque, a su juicio, debería estar formado mayoritariamente por jueces de todos los grados. De esta forma, una parte importante de los poderes y facultades actuales de la Corte Suprema quedarían radicados en los demás estamentos de la judicatura.
Por su parte, el ministro y ex consejero del CDE Pedro Pierry ha planteado en foros académicos que se debería sustituir el actual método de nombramiento de los jueces por un sistema automático según la ubicación de los postulantes como egresados de la Academia Judicial, y luego proveer los cargos según antigüedad. Las ternas y quinas para ministros deberían estar a cargo de un consejo integrado por distintos estamentos del Poder Judicial y por miembros designados por el Senado, las escuelas de Derecho del país y el Colegio de Abogados. Las funciones administrativas deberían quedar a cargo de consejos regionales, órganos internos del Poder Judicial con integrantes de distintos escalafones, y profesionales del área. Sin embargo, este tipo de fórmula, sin duda, conlleva los riesgos de una incitación a sesgos políticos para influir en el curso de la magistratura.
Todo apunta a que los magistrados concentren su labor en estudiar y fallar las causas sometidas a su conocimiento, dejando en manos de otras personas las tareas administrativas, como la calificación y los nombramientos de los jueces. Pero en un tema tan sensible no cabe improvisar soluciones ni imponer moldes ideológicos. Por lo tanto, una vez identificado el desafío es indispensable generar las instancias técnicas de diálogo para enfrentarlo con el rigor necesario.