La obligación que fijaron los poderes colegisladores de exigir la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos (Eunacom) para ser contratado por el sistema público ha contribuido a generar un debate que se repite año tras año en las fechas correspondientes. ¿Podrán los médicos que no han aprobado el examen desempeñarse en el sistema público, o deberían ser despedidos? Esta vez, el examen ha revelado cierto grado de mejor rendimiento de los médicos extranjeros, pero se mantiene una diferencia muy significativa con los resultados de los egresados de las escuelas chilenas. Si solo el 15 por ciento de los extranjeros logró aprobar su examen, el 91 por ciento de los chilenos consiguió ese mismo objetivo.

El examen de conocimientos médicos no fue diseñado con el propósito de autorizar la práctica de los profesionales extranjeros, sino que para estar seguros de que las nuevas escuelas de medicina del país tenían la capacidad de preparar a los futuros médicos. Primaba en las universidades tradicionales la idea de que se estaba formando un número excesivo de médicos que debía ser frenado a tiempo. Pero la realidad ha demostrado lo contrario, pues casi la totalidad de las escuelas chilenas obtienen resultados satisfactorios, en tanto no hay suficientes médicos para atender a la población. Más aún, en cuanto a médicos especialistas la situación es grave, porque existen zonas del país donde no hay médicos en especialidades tan necesarias como oftalmología u otorrinolaringología.

Pero una vez creado, el examen comenzó a ser utilizado para otros propósitos, como medir la calidad de las escuelas de medicina. Hubo que modificar la entrega de los resultados para impedir que se elaborara un ranking de las diversas escuelas. En el primer gobierno de Bachelet se optó por utilizar el examen para otra finalidad más: convalidar los títulos de los médicos extranjeros. Pero los resultados han provocado más problemas. Las necesidades del país son altas, y por ello muchas autoridades, como algunos alcaldes y directivos hospitalarios, prefieren hacer la vista gorda, pues les parece mejor un médico extranjero que no haya aprobado la prueba que no tener a nadie que atienda a su población.

Lo que ha sucedido es que se ha impuesto una política centralizada, sin atender debidamente las necesidades de los sectores más alejados, prohibiéndoles, de hecho, hacer ciertas contrataciones. Los resultados han dejado al país desprovisto de médicos y con una barrera difícil de superar para los extranjeros, al punto de que ahora se presenta un nuevo proyecto de ley que posterga por dos años la vigencia de la ley anterior. Pero para que en dos años más no se repita el problema sería necesario diseñar una nueva prueba, de carácter general, con financiamiento propio y que no esté basada por entero en los currículos nacionales. En buenas cuentas, debe volver a plantearse el tema de la falta de médicos y hasta qué punto Chile puede arreglar sus problemas con inmigración calificada de países vecinos.