Señor Director:

La educación particular general (básica y media) representa en Chile el 63% de la matrícula, solo superada por Holanda y Hong Kong. Mi verdadero temor en relación con el proyecto que acabamos de aprobar es que la matrícula de la educación pública vaya a seguir disminuyendo, en relación con el 37% que representa actualmente. Esa es la razón, entre otras, por la que muchos hubiésemos querido empezar por la Nueva Educación Pública y la Política Nacional Docente. A ello dedicaremos, sin embargo, todos nuestros esfuerzos en 2015.

¿Por qué el temor a esta migración desde la educación pública a la privada? Muy sencillo. Vamos a subir la subvención para el 92% de la matrícula, pública y privada (US$ 1.200 millones en el primer año de vigencia y hasta US$ 6.000 millones en régimen); vamos a avanzar gradualmente en gratuidad, y vamos a ir disminuyendo el copago o financiamiento compartido, que permanece como una barrera de entrada a la educación particular subvencionada, limitando el derecho a elegir de las familias, como un aspecto central de la libertad de enseñanza, que hemos defendido y seguiremos defendiendo.

Las familias elegirán el colegio y no el colegio a las familias, eliminando gradualmente las formas de selección arbitraria y socioeconómica, que permiten el "descreme" (la educación pública se ha ido convirtiendo en una educación para pobres). Las familias postularán directamente en el colegio y se respetará el derecho preferente a ser admitidas en el colegio de su elección (el mecanismo técnico fue perfeccionado en la última semana de discusión parlamentaria con la participación activa de Harald Beyer y Sylvia Eyzaguirre, del CEP). Podrán pedir entrevistas voluntarias, de información, en el proceso de admisión y solo habrá selección cuando la demanda supere los cupos disponibles (hoy por hoy, son muy pocos los colegios subvencionados que enfrentan esa realidad).

¿Y los sostenedores? Tendrán una sola limitación: los recursos públicos destinados a la educación tendrán que ir directamente al proyecto educativo. Es decir, se acaba con la libre disposición de al menos parte de esos recursos y regirá el principio de afectación. ¿Será mucho pedir que los más de US$ 6.000 millones que el Estado destina anualmente a la educación, vía subvención, vayan directamente a los fines educativos y no a otros?

Pero hay más. Desechada la idea inicial que contemplaba el proyecto, de que fuese el Estado el que comprara la infraestructura privada, contemplando para tal efecto hasta un máximo de US$ 5.200 millones, en un período de 12 años, ahora existirá una autocompra; es decir, el sostenedor privado se comprará a sí mismo la infraestructura, al pasar esta a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. ¿Se entiende bien? Se autocomprará con un crédito bancario, con tasación bancaria, a valor comercial, con 100% de garantía estatal, pagadero a 25 años contra la subvención (así es, pagadero con fondos públicos). ¿Alguien puede pensar que se está causando un perjuicio al sostenedor privado, que podrá seguir siendo sostenedor privado y se le pagará al contado por el valor comercial del inmueble que destina al proyecto educativo, cuando decida autocomprarse?

Tendrán hasta el 31 de diciembre de 2017 (casi tres años) para transformarse en sostenedores privados sin fines de lucro (con cero menoscabo patrimonial); luego, tendrán otros tres años para seguir arrendando con terceros no relacionados, o sostenedores sin fines de lucro, y en el caso de los colegios privados con menos de 400 alumnos, que son 3.796, equivalentes al 72% del total, podrán seguir arrendando incluso con personas relacionadas, hasta por seis años, al cabo de los cuales no tendrán obligación de vender (autocompra) y podrán suscribir un contrato de uso consigo mismos hasta por el 4,2% del avalúo fiscal.

Señor Director, todo esto es para contestar la carta de don José Luis Velasco Guzmán publicada ayer, profesor y emprendedor educacional, a quien dije en una carta anterior que "le puedo asegurar, a él y a quienes como él se la juegan por la educación como sostenedores privados, que van a seguir haciendo lo mismo, e incluso mejor". Confío en que así será porque sé que la inmensa mayoría de los sostenedores privados están en la educación principalmente por razones vocacionales. Solo aquellos cuya única motivación es hacer un buen negocio seguramente considerarán otras inversiones más rentables.

Como DC hemos cumplido con esa promesa. Hemos contribuido a mejorar, perfeccionar y modificar el proyecto inicial del 22 de mayo, que tenía demasiadas deficiencias. Preservando íntegramente sus objetivos, que siempre hemos compartido, hemos hecho sustanciales modificaciones en términos de los mecanismos, instrumentos y modalidades para alcanzar dichos objetivos.

Ignacio Walker
Senador Presidente del PDC