Al igual que el Dr. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, también tuve lo oportunidad de exponer mi visión sobre la despenalización del aborto en el seminario organizado conjuntamente por el Senado y la Cámara de Diputados. Ello, como preparación para una ley que regule la interrupción de un embarazo en casos de riesgo para la salud de la mujer, la inviabilidad del feto al nacer y el embarazo producto de una violación.

Respeto profundamente la opinión del Dr. Sánchez, como médico y como rector de la Universidad Católica. Su postura tiene plena concordancia con las enseñanzas morales que emanan del Magisterio de la Iglesia Católica. El propósito de esta carta es compartir con los lectores una moral que pone como centro a la persona, en este caso a la mujer embarazada. De aquí emana una diferencia fundamental entre su moral y la mía. Mientras el Dr. Sánchez pone en igualdad de condiciones los derechos de las mujeres y los supuestos derechos de los embriones, en mi postura moral solo la mujer es sujeto de derecho. Los embriones son sujetos de protección, cuidado y profundo respeto, pero los cuidados con el embrión son de menor exigencia que el derecho a los cuidados que tienen las personas, en este caso, la mujer.

Así entonces, si una mujer cursa un embarazo con una grave insuficiencia respiratoria, renal o hepática, y el buen acto médico recomienda interrumpir el embarazo para que la enfermedad no se agrave, quien debe decidir es siempre la mujer, adecuadamente informada y educada. Esto significa que es la mujer quien puede optar por agravarse o incluso morir si no quiere interrumpir su embarazo. También es ella quien debe tener la autonomía para optar por sobrevivir a costa de interrumpir el embarazo.

En mi moral particular, es la mujer quien debe decidir de manera autónoma si se arriesga a morir en consonancia con un principio que le da paz, o si interrumpe el embarazo y, con ello, protege su salud o evita morir. El médico puede objetar en conciencia, ser parte de uno u otro camino, pero no tiene la autoridad para forzarla en uno u otro sentido. Ni siquiera en salvarla si ella prefiere sacrificar su vida antes de interrumpir su embarazo.

Así entonces, es siempre la mujer quien debe decidir de manera autónoma cómo vive el drama del aborto.

En el caso de un embarazo con un feto que tiene alteraciones incompatibles con la vida después del parto, forzar a una mujer a los riesgos de un embarazo sin que pueda gozar de los beneficios de la maternidad, me parece inmoral e inhumano. No tengo dudas de que para algunas personas el vivir la experiencia de un parto y gozar de su hijo por un instante ha sido una experiencia inolvidable. Sin embargo, una mujer no puede ser forzada a vivir esa experiencia. Forzarla significa que se pone un supuesto derecho de un feto por sobre el derecho de una persona a no ser discriminada y a vivir la vida privada con autonomía, libre de injerencias indebidas. La mujer puede equivocarse en su decisión, pero es ella quien tiene el derecho a vivir su equivocación y asumir sus consecuencias.

Por último, obligar a una mujer violada a llevar adelante un embarazo y tener el hijo no va en directo beneficio de ella misma. El único beneficiado es el violador, que verá sus genes proyectados en la generación siguiente. ¿Debe una mujer ser castigada y forzada por la sociedad a mantener un embarazo luego de una agresión de esa naturaleza? La respuesta es positiva solo si la mujer no es sujeto de derecho y el supuesto derecho a la vida del embrión está por sobre el derecho de la mujer a ejercer su autonomía para decidir según sus propios valores.

En mi opinión, frente a las tres causales referidas, no basta con despenalizar el aborto. Se hace necesario que el Gobierno eduque a la población y a los prestadores de salud para cambiar el paradigma del aborto como un acto inmoral hacia su aceptación como un acto lícito, al que tienen derecho las mujeres. Es preciso entonces proveer de consejería y de acompañamiento psicológico y social a las mujeres que se ven expuestas al drama y al dolor que siempre acompaña a la interrupción de un embarazo. La sociedad entera debe educarse en aceptar, sin juicios de valor, la autonomía de las personas a vivir su vida privada como piensan que es mejor y, de esta manera, ser compasivos y solidarios con el drama que viven miles de mujeres en Chile cada año.

Dr. Fernando Zegers Hochschild
Director Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana
Universidad Diego Portales