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Editorial
Martes 13 de enero de 2015
Estrategias sobre el aborto
Pareciera, según las minutas, que la reflexión conjunta de toda la sociedad en una materia de vital importancia, como el derecho a la vida del que está por nacer, es de baja prioridad.
No hay duda alguna de que la posibilidad de legislar sobre el aborto es una materia que causa hondas divisiones en Chile. Desde la sociedad civil y grupos religiosos hasta algunos partidos políticos han expresado opiniones que parecen del todo incompatibles con las de otros grupos de representatividad de la población del país. Cabría esperar, entonces, un proceso de honda reflexión en el que participen todos aquellos que se sienten motivados por este proceso legislativo.
"El Mercurio" tuvo acceso a las actas de las reuniones sobre la materia efectuadas durante fines de octubre y noviembre recién pasados, en las que el Ministerio de Salud conducía el análisis y la discusión de la definición que el Gobierno ha comprometido para este mes, ya sea de enviar un proyecto propio o apoyar alguna de las iniciativas parlamentarias que existen en el Congreso. Las actas han permitido dar una infrecuente mirada al proceso prelegislativo en sus fases iniciales y son reveladoras de la forma en que se gestan los proyectos de ley y de quienes participan en ellas. Sin duda es el Ministerio de Salud el encargado de llevar adelante la iniciativa, pero consulta al menos con el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, y su ministra, además de citar a otros profesionales, casi todos vinculados en mayor o menor medida a la Nueva Mayoría. Pero no todos los sectores están representados, pues según se ha quejado el presidente de la Democracia Cristiana, ellos no han tenido influencia alguna en estas etapas iniciales.
En esas reuniones, se discute en torno a un preproyecto ya elaborado por el Gobierno, aunque no es conocido por la opinión pública. Aparentemente, el Ministerio de Salud ha recibido algunas directrices a las cuales debe ceñirse. Ello se advierte en detalles de las actas, tales como el punto que se hace en torno a la discusión de la edad gestacional a la que se permitirían los abortos en casos de violación. Como la mayoría de las mujeres más jóvenes se dan cuenta de que están embarazadas después de las 22 semanas, afirma el acta de la reunión del 29 de octubre, "si se mantiene la propuesta del Ejecutivo, quedarían fuera la mayoría de los casos".
La discusión, estrictamente reservada, se centra en comentar la propuesta respecto de los tres casos que podrían justificar la despenalización del aborto, esto es, la violación, las malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina y aquellos casos que pongan en peligro la vida de la madre. Los participantes procuran, en principio, darles mayor precisión a las definiciones, eliminando ambigüedades que pudieran dar lugar a decisiones discrecionales del equipo médico, es decir, que pudieran conducir a que dos equipos médicos lleguen a conclusiones diferentes ante casos similares, conscientes probablemente de que aquello puede acrecentar el rechazo a esta propuesta. Por ello, se plantea que sea una ley que no requiera de reglamentos, para que todo quede definido por completo, buscando regular al máximo todo detalle.
No obstante, a pesar de la importancia del tema, especialmente para la Nueva Mayoría, que abarca un amplio espectro político, no todas las discusiones parecen animadas por el deseo de reducir las fricciones y oposiciones que de por sí suscitará una iniciativa en el sentido buscado por el Minsal. Se advierte también un ánimo de buscar aristas que impulsen la polémica cuando no están los expertos presentes. Así por ejemplo, en las reuniones internas se afirma que debería incluirse entre las normas de acreditación de hospitales y clínicas que ellos deben aceptar todas las leyes de la república, dejando establecido que todos deben ofrecer consejería especial. Más aún, se vuelve sobre el tema más adelante para precisar que debe quedar explicitado que la objeción de conciencia es personal. Asimismo, se repite el interés por que "se utilice el lenguaje de Ley de Autoridad Sanitaria, para que abarque establecimientos públicos y privados".
Aún más significativa es la preocupación por el tema de los medios de comunicación, señalando que "a partir de la experiencia que tuvo el Consejo con el debate en torno a la PAE, proponen y ofrecen colaboración para la formación de un grupo de periodistas de confianza sobre el tema". El reclutamiento de "periodistas de confianza" para realizar una campaña de opinión pública pareciera indicar que la reflexión conjunta de toda la sociedad chilena, en una materia de vital importancia como el derecho a la vida del que está por nacer, es de baja prioridad para el Gobierno.