Con motivo de publicitadas indagaciones judiciales y administrativas a operaciones comerciales y financieras que podrían ser calificadas desde faltas tributarias a ilícitos penales, se oyen voces que atribuyen su ocurrencia al modelo de sociedad capitalista en que vivimos y al afán de lucro que anima a los agentes económicos, promoviendo al respecto una hiperregulación.

Como modelo de desarrollo, la economía social de mercado no ha podido ser igualada en cuanto a su capacidad creadora de riqueza y de asignación eficiente de los recursos productivos. Eso no obsta a que sus resultados -producto de un sinnúmero de transacciones libres, voluntarias y razonablemente informadas- no siempre dejen satisfecha a la población en todos los planos. Así sucede, por ejemplo, cuando se originan desigualdades de ingreso muy elevadas, especialmente existiendo niveles de pobreza en esa sociedad.

Para que los resultados que este orden económico produce tengan legitimidad, el acceso a los intercambios y a los negocios que ocurren en una economía de mercado tiene que estar abierto a todos los actores. Si eso no sucede, se resiente la confianza en el sistema económico. Por eso las sociedades se preocupan de establecer reglas e instituciones que aseguren un buen funcionamiento de los intercambios y corrijan o supervisen las asimetrías de información, evitando que se generen ganancias indebidas que erosionan la buena fe con la que funciona esta economía. Es muy importante que, por ejemplo, los consumidores no se sientan engañados o sujetos de abuso en sus relaciones comerciales con las grandes empresas. También es condenable que directores de una corporación no se abstengan de usar información a la que solo ellos tienen acceso en el ejercicio de sus responsabilidades y que les permite sacar una posición ventajosa en una transacción financiera en desmedro de otros accionistas.

Que estas prácticas se investiguen y se sancionen -sujeto a estándares de transparencia y debido proceso- es también un mérito de las sociedades democráticas con economía de mercado. Los propios actores que participan en esta economía han promovido a lo largo de la historia instituciones y reglas que permiten detectar y sancionar esas distorsiones que constituyen competencias desleales y desvíos de los intercambios libres y voluntarios. En las sociedades modernas se conocen y sancionan estas conductas -más propias de la naturaleza humana que del tipo de ordenamiento económico- tan pronto como se detectan. Duro contraste con regímenes totalitarios y dictatoriales en que los actos de corrupción se hacen públicos con fines de purga política -aunque pueden haberse conocido con años de antelación-, se realizan juicios carentes de garantías y se aplican sanciones "ejemplarizadoras". Sociedades donde a menudo los ganadores y perdedores económicos son definidos por prebendas y criterios totalmente arbitrarios.

Paradójicamente, algunos de los más acérrimos críticos del modelo de desarrollo seguido por Chile no tienen inconvenientes con ese otro tipo de sociedad y no trepidan en homenajearlas en cada ocasión que se presenta.