Inquietud está provocando la reforma laboral que el Gobierno daría a conocer la próxima semana. Aunque la titular del ramo, acompañada del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha sostenido reuniones con representantes de las principales confederaciones sindicales y empresariales, no ha comunicado el contenido completo de la iniciativa. Los cambios que han trascendido, referidos principalmente a la negociación colectiva, han sido juzgados insuficientes por unos y excesivos por otros.

Las autoridades han llamado a la calma y asegurado que las modificaciones serán fruto del diálogo, pero los precedentes justifican la inquietud. La reforma tributaria -la medida económica más importante del año- fue presentada en forma precipitada y frontal por el Ejecutivo; fue aprobada a la rápida en la Cámara de Diputados, y solo luego que la sociedad civil expresara su rechazo, estuvo el Gobierno dispuesto a negociar para atenuar algunos de sus aspectos más críticos. Entretanto, la incertidumbre y el desánimo empresarial, avivados por el contenido y el tono del debate tributario, habían ya perjudicado la marcha de la economía. El escenario de la reforma educacional no es mejor y no se ha hecho ningún esfuerzo por buscar un acuerdo.

Siendo los tema laborales políticamente muy sensibles y de gran propensión a la demagogia, resulta riesgosa la estrategia que parece estar siguiendo el Gobierno de confiar que los reparos a su iniciativa sean enmendados durante el debate parlamentario. Si el proyecto de ley confiere poderes monopólicos a los sindicatos, endurece excesivamente las huelgas, o rigidiza más las negociaciones salariales y las contrataciones, resultará muy difícil a sus propios parlamentarios allanarse a una futura indicación que modere el daño que todo ello puede ocasionar sobre la economía y las oportunidades de empleo. Si el sentido con que el Ejecutivo visualiza la reforma laboral es tan solo como un medio para permitir a los sindicatos negociar salarios desde una posición de mayor fuerza, será difícil luego ampliar su foco hacia objetivos hoy socialmente más prioritarios, tales como la incorporación al mercado laboral formal de los trabajadores actualmente marginados o la modernización de las relaciones laborales al interior de las empresas para hacerlas más colaborativas.

Luego de un año en que la economía ha tenido el más pobre desempeño de los últimos 30 años -exceptuados dos de crisis externa- y cuando las expectativas de empresarios y consumidores se han derrumbado, el Gobierno debe ponderar con mucho cuidado sus próximos anuncios y decisiones. No vaya a ser cosa que la alarma causada por otra reforma termine por agudizar el bajón económico. Un escenario semejante no es a los grandes empresarios -dotados de suficiente patrimonio- a quienes más dañaría, sino a las pymes y a los trabajadores hoy empleados o cesantes.